El tema de las denuncias sobre alegadas irregularidades en la contratación de asfalto por parte del Ministerio de Obras Públicas, durante el gobierno anterior, ha vuelto a la palestra pública con el anuncio de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, organismo que anunció este miércoles que ha depositado ante la Procuraduría Geneeral de la Repúblcia los expedientes para que el caso proceda en justicia.
En un mensaje de twitter, el organismo de Etica e Integridad Gubernamental, informó haber encontrado “archivado” ese expediente por lo cual ha procedido a enviarlo a la Procuraduría General de la República, para que a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) procedan en consecuencia.
Las denuncias sobre el tema indican que las alegadas irregularidades montan a contratos por unos $11,500 millones de pesos, consignado en un informe divulgado en agosto de 2020 por la Dirección de Contrataciones Públicas que indica alegadas violaciones a los procedimientos que se siguieron en esas compras por parte del Ministerio de Obras Públicas, sin licitación, ya que “no fueron llevados a cabo conforme al debido proceso administrativo que rige las compras y contrataciones públicas”.
