Redacción HoraxHora
El Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), presentó una demanda ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) solicitando la rescisión de los contratos de concesión minera con la empresa Falconbridge Dominicana, S.A. (Falcondo), por múltiples violaciones legales, ambientales y laborales.
La acción judicial, interpuesta por los abogados Eric Raful Pérez y Lilia Fernández León, busca anular los contratos firmados desde 1956, así como los convenios complementarios y adendas posteriores, alegando que la empresa ha incumplido reiteradamente sus obligaciones contractuales con el Estado dominicano.
Entre las acusaciones más graves, el Fonper destaca que Falcondo:
No rehabilitó áreas degradadas ni manejó adecuadamente residuos tóxicos, generando un serio impacto ambiental en Quita Sueño, San Cristóbal.
Violó normas laborales desde 2023, lo que provocó la intervención del Ministerio de Trabajo y dejó sin garantías a cientos de empleados.
Abandonó la concesión minera en 2024, afectando a miles de trabajadores y dejando comunidades en condiciones de deterioro social y ambiental.
Vendió ilegalmente bienes del Estado: en enero de 2024 traspasó seis inmuebles clave —incluyendo tanques de almacenamiento y oleoductos— a la empresa Gas & Oil Energy GOE por 11 millones de dólares, sin autorización del Ministerio de Energía y Minas.
El documento judicial sostiene que esta venta, además de carecer de autorización oficial, pretende simular legalidad mediante maniobras como fusiones y subdivisiones de terrenos, con el fin de legitimar operaciones nulas de pleno derecho.
La demanda también solicita al TSA declarar válida y procedente la rescisión de los contratos de concesión de 1956 y 1969, incluyendo sus adendas y convenios derivados. El Estado argumenta que las faltas acumuladas de Falcondo afectan directamente el patrimonio público, el medioambiente y los derechos fundamentales de los trabajadores dominicanos.
