Redacción HoraxHora
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) encendió las alarmas sobre el Proyecto de Ley Orgánica que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al presentar una amplia propuesta de modificaciones que, a su juicio, son indispensables para evitar violaciones a la Constitución, choques de competencias entre instituciones del Estado y amenazas directas a derechos fundamentales como la privacidad y el debido proceso.
En un documento técnico remitido a los legisladores, Finjus reconoce la importancia de la seguridad nacional, pero subraya que las labores de inteligencia deben ejercerse dentro de límites claros, con respeto estricto a las competencias legales y a las garantías constitucionales de los ciudadanos.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a la facultad otorgada a la DNI para acceder a datos personales y a las telecomunicaciones con el argumento de la ciberseguridad.
La entidad considera que esta atribución vulnera el secreto de las comunicaciones protegido por la Constitución y advierte que cualquier acceso a información privada solo puede realizarse mediante una orden judicial previa.
Finjus enfatiza además que la DNI debe limitarse a un rol preventivo y estratégico, sin asumir funciones propias de la investigación penal.
En ese sentido, rechaza cualquier disposición que le permita actuar como órgano investigador, una responsabilidad que —recuerda— la Constitución asigna exclusivamente al Ministerio Público.
Conflictos institucionales
El análisis jurídico también advierte que la iniciativa legislativa invade atribuciones de otros organismos del Estado.
En particular, señala que otorgar a la DNI competencias para regular la seguridad en las telecomunicaciones entra en conflicto con el marco constitucional y legal que reconoce al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) como único ente regulador del sector.
Finjus propone que la DNI actúe únicamente como organismo de apoyo y coordinación, sin capacidad normativa.De igual forma, cuestiona la redacción que permite a la DNI cooperar con el Ministerio Público de manera discrecional.
La organización plantea que la ley debe establecer la obligación expresa de remitir a la Procuraduría General cualquier información vinculada a hechos delictivos, preservando el rol del Ministerio Público como director de la acción penal.
Controles, sanciones y protección de datosPara prevenir abusos de poder, Finjus recomienda reforzar los mecanismos de fiscalización, incluyendo la creación de una Comisión Bicameral de Inteligencia que supervise el funcionamiento del sistema y garantice su apego a la Constitución y a los derechos humanos.
Asimismo, propone reglas estrictas para la destrucción de datos recolectados: la información sin valor para la seguridad nacional debería eliminarse en un plazo máximo de 15 días, y aquella remitida al Poder Ejecutivo, en no más de dos meses.
También sugiere la inclusión de sanciones penales de hasta cinco años de prisión para quienes utilicen indebidamente información de inteligencia o la divulguen sin autorización judicial.
Críticas a la obligación de entregar información
Finjus califica como excesiva e imprecisa la disposición que penaliza a quienes se nieguen a entregar información requerida por la DNI.
A su entender, la norma no respeta el secreto profesional ni define claramente el tipo penal, lo que podría dar lugar a sanciones arbitrarias.
Por ello, la organización concluye que toda solicitud de información, tanto a entidades públicas como privadas, debe estar respaldada por autorización judicial, como única vía para salvaguardar el derecho a la intimidad y evitar excesos en el ejercicio de las funciones de inteligencia del Estado.
