Redacción HoraxHora
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su respaldo al proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios de Comunicación destacando que la iniciativa representa un avance hacia un marco legal coherente, moderno y respetuoso de los principios democráticos.
FINJUS valoró que el proyecto, elaborado por la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, esté alineado con la realidad nacional y se caracterice por una redacción precisa que evita ambigüedades en una materia tan delicada como la libertad de expresión.
“La libertad de expresión e información es un derecho fundamental consagrado en el artículo 49 de nuestra Constitución y representa uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática”, señaló la entidad en un comunicado.
El texto normativo, según FINJUS, reconoce que este derecho no es absoluto y debe ejercerse en armonía con otros derechos, como el honor, la intimidad y la dignidad, especialmente en lo relativo a niños, niñas y adolescentes.
Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es el abordaje de las plataformas digitales, cuyo rol en la difusión de contenidos y la formación de opinión pública ha crecido exponencialmente. La propuesta establece responsabilidades para estos espacios sin comprometer su carácter abierto y plural.
Además, se incluye un marco normativo para la protección de datos personales, la prevención de la desinformación, y se presta atención especial a las amenazas digitales que enfrentan los menores de edad, con medidas orientadas a preservar su integridad física, emocional y moral.
Dijo que el proyecto también promueve principios de diversidad en los medios, garantiza el debido proceso y contempla la figura de la desindexación, que permitiría solicitar la eliminación de contenidos en buscadores digitales, previa orden judicial y bajo criterios objetivos, siempre que se compruebe un daño real y significativo.
En cuanto al tratamiento de infracciones como la injuria, difamación y expresiones discriminatorias, FINJUS considera que el proyecto logra un equilibrio justo entre el respeto a la dignidad humana y el derecho a la libre expresión, con un régimen de consecuencias basado en el principio de proporcionalidad.
Finjus también destacó la propuesta que contempla la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), que reemplazaría a la actual Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y tendría la responsabilidad de promover las libertades comunicativas, supervisar los servicios de comunicación y garantizar una programación diversa.
