Redacción HoraxHora
El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que la decisión de renovar la cédula de identidad y electoral fue tomada de forma consensuada por todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, y recordó que la Junta Central Electoral (JCE) es un órgano independiente del Estado que actúa conforme a sus atribuciones legales.
“Yo estoy a disposición de cualquier consenso, pero esta es una decisión que fue consensuada previamente entre todos los actores”, dijo el mandatario al ser consultado sobre el uso de cerca de 6 mil millones de pesos destinados al proceso de cambio de cédula.
Abinader subrayó que, como poder independiente, la JCE tiene la facultad legal de modificar el diseño y los elementos del documento de identidad, y que ese proceso se está realizando con apego a la ley y bajo estándares de transparencia.
La nueva cédula dominicana representa un salto tecnológico significativo. Está fabricada en policarbonato con grabado láser, incorpora un chip, código QR, biometría avanzada y mayor protección de datos personales. Esto contrasta con la versión anterior, emitida en 2014, que no incluía estas características de seguridad.
Según la JCE, el cambio responde, entre otras razones, al vencimiento legal del actual documento, que fue previsto para un período de 10 años, así como al aumento de los delitos relacionados con la suplantación de identidad, falsificación y ciberdelincuencia.
“El mundo no es el mismo de hace 11 años, y tampoco lo es el nivel de amenazas contra la identidad personal”, señala el órgano electoral, al explicar que la nueva cédula busca fortalecer los mecanismos de seguridad frente al crimen organizado y la evolución de los fraudes digitales.
La JCE ha llevado a cabo una licitación pública internacional para la producción del nuevo documento, respetando el marco legal de contrataciones públicas. El proceso se encuentra en la fase previa a la apertura de las ofertas económicas (sobre B), la cual fue aplazada debido a una impugnación presentada por uno de los consorcios participantes.
El organismo indicó que esta suspensión es parte del debido proceso, y garantiza el derecho de defensa de todos los oferentes, reafirmando así su compromiso con la legalidad y la transparencia.
