Redacción HoraxHora
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), encabezado por su director ejecutivo Milton Morrison Ramírez, presentó el pasado viernes 4 de julio de 2025 una querella penal con constitución en actor civil ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción judicial revela una presunta trama de corrupción que incluye intentos de soborno por hasta un millón de dólares estadounidenses y RD$3 millones mensuales, presiones institucionales, amenazas personales y entrega de dinero en efectivo a funcionarios del Intrant. El objetivo, según el documento, era obtener la prórroga irregular de un contrato vencido, adjudicado originalmente a Dekolor en 2020 para la administración del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.
El contrato, suscrito por cinco años, contemplaba la operación tecnológica y la gestión de 21 centros de atención, incluyendo personal, equipos y servicios. No obstante, el acuerdo fue modificado en tres ocasiones mediante adendas que nunca fueron aprobadas por el Consejo del Intrant. A pesar de ello, la empresa buscaba prolongar su vigencia sin participar en un nuevo proceso competitivo, incurriendo —según la querella— en actos de coacción, soborno y chantaje.
Los delitos imputados están tipificados como soborno (Ley 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155-17), estafa contra el Estado y extorsión electrónica (Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología).
La querella, calificada por expertos legales como inusual y sin precedentes recientes, está respaldada por informes técnicos internos del Intrant, auditorías de la Contraloría General de la República, evidencia documental y testimonios de empleados que corroboran la existencia de una estructura criminal organizada con el fin de influir ilícitamente en decisiones administrativas y desviar fondos públicos.
Además, se hace referencia a otros posibles implicados cuya participación deberá ser investigada y esclarecida por el Ministerio Público.
La decisión del director del Intrant de ejercer personalmente la acción penal contra una empresa contratista representa un precedente legal y ético sin registro documentado reciente, en un país donde la persecución de la corrupción administrativa ha sido históricamente iniciativa exclusiva del Ministerio Público.
