Elain Rodríguez Mena
Especial para HoraxHora
El Presidente Luis Abinader, al cumplir su primer año de gestión, enfrenta su primer gran reto de cara a los poderes fácticos de la nación, al poner en discusión de las fuerzas políticas, económicas y sociales un paquete de ‘reformas’ institucionales, de las cuales sobresalen: la relativa a la Constitución, al sistema fiscal de la nación y a las leyes electorales, que rigen la vida de los partidos y la celebración de los comicios nacionales.
Para la aprobación de estas ‘reformas’ -o cualquiera de ellas- el Gobierno y su partido, el Revolucionario Moderno (PRM) no cuentan con los votos necesarios en el Congreso Nacional, lo cual le obligaría a una serie de negociaciones con los actores de los diferentes sectores que representan los poderes fácticos de la nación, ya que los entendidos dudan que la oposición política, el empresariado y/o la gente apoyaría ‘de gratis’ esas ‘reformas’. Abinader a convocado a un ‘diálogo’ con los representantes de las diferentes fuerzas de la nación, pero el gobernante y su partido están conscientes de que para lograr sus propósitos tendrán que negociar sus sanciones.
De ninguna de las reformas anunciadas, en especial la de la Constitución y la Fiscal, se conocen en su texto final. Las reformas a las leyes electorales, en cambio, fueron planteadas en un borrador entregado a los delegados de los partidos políticos por el Pleno de la Junta, a fin de ir socializándolo
antes de someterlo a discusión de las cámaras legislativas. Este proyecto, sin embargo, no estaba originalmente incluido en las propuestas del Presidente Abinader en la convocatoria del diálogo, anunciado el 18 de agosto durante un discurso a la nación a propósito del primer año de su gestión. Estas propuestas, además, llegaron en momentos previos al destape del escándalo de las multimillonarias inversiones de dinero de cuestionado destino en las campañas electorales, especialmente las de senadores y diputados.
El escenario de las tres principales ‘reformas’
La reforma a la Constitución que pretende, según lo anunciado por el Presidente Luis Abinader, estalecer un marco de independencia del Procurador General de la Repúlica, ya tiene otras propuestas, como es la eliminación del Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura y que los jueces de las denominadas Altas Cortes sean elegidos por un período único de nuev años, no en la forma escalonada como ocurr actualmente con los magistrados de la Suprema Corte y del Tribunal Constitucional. Y se espera, se comenta en las esferas judiciales, que se presentarán otras propuestas.
Para realizar enmiendas a la Constitución se require del voto de las dos terceras partes de la Asamblea Revisora, compuesta por la integración de senadores y diputados. Las bancadas del PRM no cuentan con esa cantidad de votos. Ya, por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, que dirige el expresidente Leonel Fernández, ha dicho que no está de acuerdo en reformar la Constitución. Y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dice que ‘estudiará’ las propuestas, y decidirá su posición al respect, cuando el proyecto sea presentado de manera complete. Sin embargo, ya se comenta en la alta dirección del PLD que no están en disposición de dar su voto a reformas a la Constitución dirigidas por el Gobierno y su partido, lo que da a indicar que podrían condicionar su apoyo a tocar otros temas de la Carta Sustantiva.
La reforma fiscal, sin haber sido presentada en su contexto, ya es motivo de discusiones y posiciones desde el sector empresarial privado, los partidos de oposición y sectores sociales que denuncian aumentos e imposición de nuevos impuestos. El Gobierno, desde hace tiempo, y el actual lo reitera, aboga por mayores impuestos para tratar de llevar la presión tributaria por encima del aproximadamente 14,4 por ciento que es la actual, a fin de enfrentar el deficit presupuestario annual, que acusa de manera sostenida desde 2012, y asi poder cumplir con las demandas de inversión pública.
A estas pretensiones se resiste el sector empresarial así como de la sociedad civil, aunque dicen comprender la situación del Gobierno, aducen que nuevos impuestos y/o aumentos de los actuales provocará inflación, distorsiones de sus operaciones y provocará trastornos en el costo de la vida y el desarrollo del país.
El gobierno sabe que debe ‘hilar fino’ sobre la imposición de nuevas cargas tributarias, en especial luego de lo ocurrido en Colombia, altamente publicitado por la prensa internacional, donde se han producido serios disturbios sociales, desde hace meses, a consecuencia de una propuesta del Gobierno del Presidente Iván Duque, de una reforma fiscal e imposición de nuevos impuestos.
La clase política, de su parte, juega a las presiones y negociaciones en este escenario, lo que presagia fuertes controversias en las cámaras legislativas para su eventual aprobación.
La propuesta de reformas a las leyes de partido y electoral, presentadas por la Junta Central Electoral, se produce en momentos en que la sociedad ha puesto su mirada sobre la clase política, en especial en los procesos de inversión económica para las campañas de los candidatos a cargos en los comicios generales, en especial en el Congreso Nacional. El involucramiento de legisladores en una de las más extensas investigaciones sobre el dinero ‘sucio’ -del narcotráfico, jugadores de apuestas, negocios de combustibles, corrupción- que financia los procesos electorales han demandado controles sobre los políticos. El tema es que son los políticos, precisamente en el Congreso Nacional, los que deben legislar en tal sentido por lo que se aplica el refrán popular de que ‘nadie afila cuchillo para su propia garganta’.
Visto este escenario, si el gobierno de Luis Abinader, y su propio partido, lograran pasar estas y otras reformas, habrían ganado puntos a su favor, de lo contrario, su estrella de liderazgo, podría verse opacada.
Las semanas por venir dirán, toda vez que no será hasta partir del 6 de octubre cuando se conozcan los detalles de las ‘reformas’ propuestas y comiencen a ser debatidas, no solo en el escenario del Consejo Económico y Social (CES) sino en los diferentes estamentos de discusión de la nación, incluyendo los medios de comunicación.
Las otras reformas
Estas son las otras ‘reformas’ propuestas por el Presidente Abinader y que se pretenden discutir en el marco del CES:
- Reforma del sector eléctrico.- Después de 10 años de discusión, el ‘pacto eléctrico, fue aprobado y firmado, pero no se ha puesto en ejecución a falta de los reglamentos que haría posible su aplicación. Muchas partes de ese pacto, sin embargo, siguen en un limbo.
- Reforma del sector agua.- El Gobierno pretende firmar un pacto por el agua que se extendería hasta 2036, con lo que se busca llevar agua a toda la población, el desarrollo de programas para la creación de sistemas de tratamientos de aguas residuales y mejoras en la tecnificación de sistemas de riego, para aumentar el ahorro de ese recurso natural.
- Reforma de la Policía Nacional.- Este plan, que está en marcha a cargo de una comisión de 21 personas y que encabeza la Fundación Institucionalidad y Justicia (FIJUS), persigue transformar la estructura legal, institucional, operativa y funcional del cuerpo del orden para garantizar la seguridad ciudadana.
- Reforma para la modernización del Estado.- El Gobierno busca establecer mecanismos de respuestas rápidas y eficientes de la burocracia oficial, dentro lo cuyo plan ya se han puesto en marcha algunas acciones, como el despacho 24 horas en Aduanas, la ley Burocracia Cero y Gobierno Eficiente.
- Reforma por la calidad educativa.- El Gobierno pretende sacarle a los multimillonarios fondos que recibe la Educación, con el desarrollo de una reforma educativa para elevar la calidad, conseguir que la inversión del 4% del PIB se convierta en educación de calidad que sirva para formar a quienes harán las transformaciones requeridas en la sociedad.
- Reforma de la salud y seguridad social.- Que busca establecer una atención universal, solidaria, eficiente y de calidad para proteger la condición física y mental de toda la población.
- Reforma del transporte.- Con la que se pretende crear un sistema de movilidad urbana e interurbana moderno y conseguir una colectivización del transporte, que descongestione el tránsito y que sea útil para todos los ciudadanos.
- Reforma para la transformación digital.- Que pretende como objetivo aprovechar al máximo el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones en el funcionamiento de las dependencias del Gobierno y de todas las estructuras sociales y productivas del país.
- Reforma laboral.- Mediante la cual se procura que a través del pacto social que firmó hace unos meses, se propicie el consenso para revisar y transformar el marco regulatorio que rige el empleo, el trabajo y la seguridad social para garantizar una vida digna y justa para todos los dominicanos.
- Reforma del sector hidrocarburos.- Tendente a lograr medidas para transformar la matriz de combustibles del país y reducir la contaminación, propiciar mayor eficiencia y producir importantes ahorros en divisas.
- Elain Rodríguez Mena es periodista y politólogo
