Redacción HoraxHora
El abogado, Plinio Pina, representante legal de Gregory Adames, el empleado del Jet Set que declaró había advertido sobre riesgos en discoteca, informó que el Ministerio Público realizará un peritaje al celular de su representado.
El objetivo, según el abogado, es extraer las conversaciones que este sostuvo con el propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, donde le advertía que la fiesta del pasado 8 de abril no se podía realizar porque el techo podría desplomarse.
Pina indicó que Adames interpuso una querella en contra de los dueños del centro de diversión, mientras agregó que deben esperar por los resultados del análisis de la extracción telefónica que aportó su cliente, así como también el resultado de la investigación sobre las causas del derrumbe.
De acuerdo al jurista, Adames presentó al órgano acusador evidencia de conversaciones, donde informaba sobre el estado del techo de la discoteca Jet Set, por lo que sugirió que el evento debería suspenderse. No obstante, afirma que su propuesta fue despreciada.
“Nuestro cliente presentó la evidencia de conversaciones, de las cuales daba cuenta de la situación de la discoteca y planteaba sus temores, aprensiones y sugerencias respecto de que el evento debía suspenderse, y esto fue desatendido”, destacó Plinio Pina.
Asimismo, resaltó que su cliente conversó con Antonio Espaillat antes de que la fiesta diera inicio, debido a que Gregory era quien se encargaba de la logística y preparación de la discoteca antes del espectáculo.
Según informó el director de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, la comisión especial encargada de investigar las causas del derrumbe en la discoteca Jet Set ya entregó el informe preliminar a la Procuraduría General de la República (PGR).
Las acciones legales presentadas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca Jet Set aumentaron a 68, incluyendo querellas y denuncias.
Algunas de estas acciones también involucran al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) por el presunto incumplimiento de sus obligaciones legales en materia de seguridad y supervisión de esos establecimientos.
Estas querellas y denuncias incluyen cargos de homicidio involuntario y negligencia, citando posibles problemas estructurales y la presencia de equipo pesado en el techo como factores que contribuyeron al derrumbe.
