Manuel A. Tobías
Especial para HoraxHora
Le llaman ‘narcopolítica’, dicen que las inversiones que los mafiosos que operan las bandas de tráfico de drogas y lavado de dinero solo tienen un propósito: lograr posiciones en los poderes principales del país, legislativo, ejecutivo y judicial, para tratar de lograr la inmunidad, e impunidad, que les permita operar a sus anchas, sin ser tocados por la autoridad.
Aunque el tema ha sido planteado, discutido, analizado en los últimos años en la República Dominicana, ha sido ahora con los detalles de la denominada ‘Operación Falcón’ que el tema golpea la cara de la sociedad como si fuera descubrimiento o una novedad.
El ejemplo de los serios resultados que provoca el dinero ‘sucio’ –del narcotráfico, la corrupción, apuestas, las operaciones ilícitas en el negocio de los combustibles- nos lo indica la historia de cuando en 1982 Pablo Escobar se invistió de diputado en el Congreso colombiano, en una candidatura comprada con dinero y el miedo. Ese episodio abrió las compuertas que mostraban a la sociedad de esa nación, y de toda Latinoamérica, como el poder del dinero podía imponerse y comprar los estamentos del poder político, no importara de donde provenían esos recursos ni de quien se tratara, si no de lo que estaba dispuesto a invertir.
Siete años después, ese mismo Pablo Escobar, jefe del poderoso, criminal y temido Cartel de Medellín, ordenaba la muerte violenta de Juan Carlos Galán, en plena campaña electoral que lo catapultaba hacia una segura victoria por la presidencia de Colombia, en una clara demostración de que no creía en la política, ni tenía ideología, si no que era un vulgar narcotraficante y asesino cuya meta era acumular lo que llegó a ser la más grande fortuna, en dólares y efectivo, que llegó a cifrarse en más $500 millones. Pablo Escobar cayó muerto a tiros el 2 de diciembre de 1993.
Casi 40 años después, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del poderoso Cartel de Cali y quienes cumplen prisión de 30 años en una cárcel de Estados Unidos a donde fueron extraditados, hacen pública una explosiva carta en que revelan como fueron financiadas por el narcotráfico, las campañas electorales de Colombia.
La controversial carta fue entregada por el expresidente Andrés Pastrana a la Comisión de la Verdad en que los Rodríguez Orejuela revelan oficialmente los supuestos dineros del narcotráfico que ingresaron a la campaña presidencial del presidente Ernesto Samper, en 1994. Samper reaccionó y dijo: «Lo que ha quedado claro es que mi campaña no fue la única que pudo haber recibido dinero de los carteles (de la droga)… que los carteles financiaron todas las campañas, como dicen los Rodríguez Orejuela, y que la campaña de Pastrana no fue la excepción». Por las acusaciones de los dineros del narcotráfico en la campaña del Presidente Samper, los Estados Unidos le retiraron el visado al denunciar la práctica.
Dinero ‘sucio’ en política RD
‘Operación Falcón’, involucra a varios legisladores en lo que se ha considerado la más grande red de tráfico de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, principalmente, así como del lavado de millones de dólares y lujosas propiedades, ha sacudido al Congreso Nacional, a la comunidad política del país, a la sociedad en sentido general.
Los principales partidos de la nación, el Revolucionario Moderno (PRM) y de la Liberación Dominicana (PLD) se acusan mutuamente de aceptar dinero de los narcotraficantes para ganar procesos, curules en el Congreso Nacional y de posiciones en el Gobierno. Mientras los políticos y legisladores señalan a la Junta Central Electoral como responsable de la práctica por no supervisor las candidaturas ni dar seguimiento a los millonarios recursos invertidos en las campañas electorales.
Según las informciones, en boca de legisladores y dirigentes políticos, para ganar una candidature y posteriormente una curul en el Congreso Nacional, el aspirante debe invertir hasta $40 millones de pesos, lo que es una locura, toda vez que por salarios y beneficios, un legislador recibe entre $22 y $26 millones de pesos a lo largo de los cuatro años de su gestión.
La Procuraduría General de la República ha pedido a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de esa alta corte para que instruya el proceso contra legisladores –se han mencionado tres- por casos de narcotráfico. Los legisladores no pueden ser arrestados ni llevados a la Justicia en tribunales ordinarios -salvo ser sorprendido infraganti violando la ley-, toda vez que gozan inmunidad parlamentaria así como de una jurisdicción privilegiada que le otorga la Constitución de la República.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha dicho que no permitirá ninguna acción contratria a la Constitución y las leyes desde las bancadas del organismo, mientras la Junta Central Electoral ha sometido a discusión de los partidos, primero, y del diálogo nacional convocado por el Presidente Luis Abinader para discutir un paquete de reformas institucionales, a través del Consejo Económico y Social cuyas discusiones están en camino de iniciarse, luego de dos sesiones para establecer los protocolos de acción.
Pero el tema no se ha quedado ahí, y los políticos han pegado el grito al cielo al ponerse sobre el tapete como los dineros ‘sucios’ permean la vida política, las campañas electorales y llegan a la compra de voluntades de autoridades para poder operar sus negocios ilegales sin ser perseguidos.
De ‘Operación Falcón’ hay 24 personas arrestadas que enfrentarán un juicio de medidas de coerción a partir del 17 de septiembre, otros tres, legisladores, están a la espera de la decisión que pudiera disponer el juez de Instrucción especial de la Suprema Corte, y seis están en prófugos.
- • Manuel A. Tobías es economista y sociólogo
