Elain Rodríguez Mena
Especial para HoraxHora
Luego de cuatro años y casi cinco meses de haber iniciado su tránsito judicial, el Caso Odebrecht –destapado en diciembre del 2016 por Estados Unidos- llega al final de su etapa de ‘fondo’ y ahora está en manos de tres juezas la decisión sobre los seis acusados que quedaron del paquete de 14 inicialmente imputados.
Un proceso judicial que consta de seis etapas básicas y principales: •orden de allanamientos y arrestos, ordenados por un juez competente; ••audiencias con un expediente de acusación, para solicitud de pedidas de coercion y sus respectivas audiencias de revisión periódica (cada tres meses) y/o las apelaciones a las medidas de coerción; •••juicio de Instrucción para determinar consistencia para remitir el caso a juicio de fondo o declinatoria del expediente; ••••juicio de fondo; •••••eventual juicio de apelaciones de sentencias; ••••••eventual juicio de revisión de sentencias en la Suprema Corte de Justicia. En el caso Odebrecht está por concluir la cuarta etapa, la decisión de las juezas sobre el juicio de fondo.
Para el jueves 14 de octubre, a las 3pm, ha sido fijada la audiencia en que las magistradas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo emitirán su veredicto sobre las responsabilidades que entienden tienen Víctor Díaz Rúa, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga, Angel Rondón, Andrés Bautista y Tommy Galán sobre las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, principalmente, relacionado con el escándalo Odebrecht. En la lista inicial de los imputados presentados por la PGR se encontraban también Alfredo Pacheco, Bernardo Castellanos, Jesús –Chu- Vásquez, César Sánchez, Temístocles Montás, Julio César Valentín, Máximo D’ Óleo, Radhamés Segura, Rudy González. Estos últimos ocho fueron sacados del expediente, en Instrucción, y sus casos recibieron un archivo provisional. Al iniciarse el juicio de fondo se trató de incluir nuevamente a Chú Vásquez pero las juezas desestimaron la petición.
Los seis acusados se han declarado inocentes, mientras la Procuraduría General de la República (PGR) los tipifica culpables por lo que ha pedido condenas entre cinco y diez años de prisión e incautación de bienes.
El proceso judicial de este caso ha estado rodeado de una serie de características especiales, siendo una de las principales, que en el paquete de los imputados se encontraban tres legisladores –dos senadores oficialistas del momento, Julio César Valentín y Tommy Galán, y un diputado de la oposición de entonces, Alfredo Pacheco- un ministro de Gobierno, Temístocles Montas (Industria y Comercio) dos altos dirigentes del principal partido de oposición, Andrés Bautista y Jesús –Chu- Vásquez (expresidente y ex secretario general del Partido Revolucionario Moderno, PRM). El hecho de que estuvieran incluidos tres legisladores y ministro en el expediente provocó que en los inicios la judicialización del caso, fuera apoderada la Suprema Corte de Justicia, como única instancia, de acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República en lo que se llama ‘jurisdicción especial’, una figura que todos continúan llamando ‘jurisdicción privilegiada’, como estipulaba la Carta Magna antes de su reforma de 2010.
Varias otras características han rodeado este que ha sido quizás el mayor y controversial caso de corrupción que se ha judicializado en los últimos tiempos en República Dominicana: •viene encadenado de una denuncia internacional que partió de las autoridades de Estados Unidos; ••que involucra doce países, diez de ellos de Latinoamérica, incluyendo República Dominicana; •••que la empresa, Odebrecht, que confesó los sobornos y dio paso al escándalo no está en juicio; ••••que de 14 personas, políticos, funcionarios, profesionales que inicialmente fueron involucrados, arrestados y presos con medidas de coerción en la cárcel de Najayo, solo seis terminaron sentados en el banquillo de los acusados, en un juicio de cuatro años y en condición de libertad condicionada; •••••que en principio de la presentación de la acusación, una importante jueza de la Corte Penal de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Mirian Germán Brito, criticó duramente el expediente de la PGR sobre el caso Odebrecht, llegando a calificarlo de ‘vacío’, ahora ésta es la encabeza el Ministerio Público que reclama méritos para condenas; ••••••que se proyecta, de seguro, que una vez emitidas las sentencias, el caso seguirá procesos en Apelación y hasta la Suprema Corte de Justicia, en unos casos iniciados por la PGR y en otros por los imputados.
Aunque uno de los senadores (Valentín) , el diputado (Pacheco) y el ministro de Gobierno (Montás) inicialmente imputados fueron excluidos del expediente para el juicio de fondo, no fue hasta que el segundo senador (Galán) concluyó su gestión legislativa, el 16 de agosto de 2020, cuando el caso fue derivado a Primera Instancia, en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde ahora se espera sentencia.
Odebrecht, una de las empresas constructoras ranqueadas entre las más grandes y de reputada eficiencia y profesionalidad del mundo, confesó haber repartido unos $92 millones de dólares en sobornos en República Dominicana –el tercer monto más alto de los que confesó haber pagado, detrás de Brasil, $349 millones de dólares y Venezuela, $98 millones de dólares- para garantizar sus operaciones en República Dominicana. En total la empresa se responsabilizó de unos $788 millones de dólares. Odebrecht se declaró culpable de la acusación de soborno y en un proceso abreviado llegó a un acuerdo con el Gobierno dominicano pagando los $92 millones de dólares que admitió resultado del soborno, así como una multa del duplo de esa cantidad, o sea otros $92 millones de dólares, para un total de $184 millones de dólares, pagaderos en seis años, a razón de $30 millones de dólares cada año.
Las juezas
Las tres juezas que componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, dos de ellas bastantes jóvenes, han ganado experiencias en el conocimiento de procesos que han ganado amplia publicidad en los medios de comunicación y en los círculos de abogados del país. Estas son algunas de sus credenciales:
- Giselle Méndez, es la presidenta el Tribunal con una licenciada en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), habiendo realizado especialidades en el país y el extranjero que le han ganado una amplia formación y experiencia en materia penal y procesal, entre los que se cita especialidad en lavado de activos enel National Center State Courts and the Bureau of Internatical Narcotic and Law Enforcement Affairs, del Departamento de Estado de Estados Unidos, en las leyes de Extinción de Dominio, auspiciado por el Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico. Entre otros casos en que ha tenido actuación se citan el de Adriano Román, el del incendio al Metro Santo Domingo, el fraude al Banco Peravia, el caso de los asaltos a camiones de transporte de dinero por el ex teniente Percival Matos.
- Tania Yunes, es una de los miembros del Tribunal, es graduada de abodado en la UASD con una maestría en Derecho Procesal Penal así como con un postgrado en Derecho Penal. Se ha destacado en casos altamente sonoros como los de narcotráfico de Quirino Ernesto Paulino Castillo y de José Figueroa Agosto así como el de los casinos Dream, que involucró a los canadienses hermanos Carbone), el de la estafa de los bancos Mercantil y Peravia, entre otros.
- Jissel Naranjo, es una de las tres miembros del Tribunal, graduada de Derecho, Magna Cum Laude, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ha participado, entre otros, en los casos ha participado del Banco Peravia; en el de los asaltos a camiones blindados de Pércival Matos, el incendio del Metro de Santo Domingo y de asesinato que involucró al denominado ‘Chamán Chacra’.
La historia
Cuando el 22 de diciembre de 2016 la cadena de televisión norteamericana CNN informó al mundo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había señalado a 12 países de haber recibido millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, América Latina quedó patas arriba, toda vez que los principales implicados en esos casos de sobornos apuntaban a la elite política hemisférica. Los países latinoamericanos citados fueron: Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Venezuela y República Dominicana.
Las operaciones ilegales de Odebrecht, citaba el Departamento de Justicia, tocaban también Estados Unidos y Suiza, así como Mozambique y
Angola. La mayoría de os gobiernos latinoamericanos emitieron comunicados informando que investigarían los hechos para establecer responsabilidades. La República Dominicana hizo su anuncio el 26 de diciembre en voz del entonces Procurador Lean Alain Rodríguez. El 10 de enero de 2017 Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en el país en ese momento, fue interrogado en la PGR lo que abrió una serie de interrogatorios de más de una veintena de personas, incluyendo legisladores, ex funcionarios y funcionarios actuales en ese momento.
Pero, organizaciones de la ‘sociedad civil’ no dieron tregua al Gobierno y para el 22 de enero de 2017, apenas un mes después de destapado el escándalo en Estados Unidos, se montó una gran manifestación pública que reunió millares de personas que marcharon desde la avenida 27 de febrero hasta el Parque Independencia, destacándose mucha gente de clase media y alta, dirigentes políticos, profesionales y reconocidas figuras de la sociedad civil. Esta manifestación quedó etiquetada como ‘Marcha Verde’, por el color de las camisas o algún distintivoque llevaban muchos de los protestantes. La ‘Marcha Verde’, así se convirtió rápidamente en un símbolo de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Se convocaron otras caminatas, algunas con éxito cuantitativo, pero el movimiento se fue diluyendo al ser ‘aprovechado’ por grupos y dirigentes políticos como forma de campaña.
En mayo de 2017, se montó el gran espectáculo de los allanamientos múltiples, con gran aparatosidad y difusión mediática, en que fueron arrestados figuras de relevancia, como el ministro de Industria, Temístocles Montás, el miembro del Comité Político del paretido oficial, el PLD, Rahamés Segura, el alto dirigente de esa misma organización y ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, el empresario privado Angel Rondón y el ex diputado Ruddy González, entre otros.
El gigante de la construcción
Odebrecht es una de las mayores constructoras de Brasil que operba con gran éxito y prestigio en 27 países, incluido Estados Unidos y República Dominicana (con unas 17 obras, incluyendo el más grande proyecto de producción de energía eléctrica, Punta Catalina), admitió sus culpas, primero ante las autoridades norteamericanas que le impusieron una severa multa. En Brasil las investigaciones venían desarrollándose en torno al caso de corrupción denominado Lava-Jato que al final le costó el poder a la presidenta Dilma Rousseff y llevó a prisión a decenas de altos funcionarios de las empresas privadas involucrados, entre ellos a uno de los fundadores de Oderecht, Marcelo Odebrecht, quien finalmente fue condenado a 19 años de prisión, aunque luego se le envió a terminar de cumplir su pena de forma domiciliaria.
En el informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos se estableció que “durante o entre 2001 y 2016, Odebrecht, junto a sus cómplices, consciente y deliberadamente conspiró y acordó con otros proveer corruptamente cientos de millones de dólares en pagos y otros objetos de valor a y para el beneficio de funcionarios oficiales extranjeros, partidos políticos extranjeros, miembros de partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros para asegurar una indebida ventaja e influenciar a esos funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros y candidatos políticos extranjeros a fin de obtener y retener negocios en varios países alrededor del mundo”.
El informe dado a conocer por los Estados Unidos indicó, uno por uno, los países donde la empresa habría pagado sobornos por una suma que se elevó a $788 millones de dólares, para funcionarios gubernamentales, legisladores e intermediarios, a fin de asegurarse contratos de obras públicas. Estos fueron los países sobornados:
-Angola, $50 millones de dólares.
-Brasil, $349 millones de dólares, (incluye a partidos políticos).
-Argentina, $35 millones de dólares.
– Colombia, $11 millones de dólares.
-Ecuador, $35,5 millones de dólares.
-Guatemala, $18 millones de dólares.
-México, $10,5 millones de dólares.
-Mozambique, $900.000 dólares.
-Panamá, $59 millones de dólares.
-Perú, $29 millones de dólares.
-República Dominicana, $92 millones dde dólares.
-Venezuela, $98 millones de dólares.
- Elain Rodríguez Mena es Periodista y politólogo
