Redacción HoraxHora
La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, llevó a cabo 13 allanamientos e incautaciones en Samaná y Santo Domingo Este para desarticular a otros miembros de la red de tráfico internacional de drogas y lavado de activos desmantelada con la Operación Arrecife.
La estructura criminal estaba encabezada por Omar Ortiz Mosquea y Arantza García Eusebio, quienes están siendo procesados.
En la operación, en la que participaron cinco fiscales, más de setenta miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y un equipo técnico, se incautaron diez propiedades, así como documentos vinculantes, títulos de propiedad y aparatos electrónicos a los que se les realizará el análisis pericial correspondiente.
Entre los lugares intervenidos se encuentran Loma Atravesada, Las Galeras y Las Terrenas, en la provincia de Samaná, así como Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo.
La mencionada estructura criminal se dedicaba a llevar a cabo actividades ilícitas de narcotráfico a nivel local e internacional, así como al lavado de activos provenientes de dicho delito precedente, en violación de las leyes números 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 20 de febrero de 2023, le fueron incautados doscientos cuarenta y tres (243) paquetes que contenían doscientos cincuenta coma cincuenta y ocho kilogramos (250,58 kg) de clorhidrato de cocaína, según confirmó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre las conductas atribuidas a la estructura, se incluyó el patrocinio de los kilos de drogas incautados, así como su envío fuera del territorio nacional con destino a Puerto Rico, donde también se incautaron 328 kilogramos de cocaína. Con el dinero generado por esta actividad criminal, los imputados adquirieron bienes muebles e inmuebles, además de simular ventas y depositar grandes sumas de dinero en el sistema financiero. Esto permitió una segunda intervención, que incluyó a otros miembros de la estructura, con la Operación Arrecife 2.0.
El órgano persecutor presentó una acusación penal contra los miembros de la organización, la cual fue sustentada con más de 600 pruebas, entre ellas documentales, testimoniales, periciales, ilustrativas, audiovisuales y materiales, que vinculan estrechamente a los procesados con los hechos que son investigados por los fiscales Luis Alberto García Hernández y Pedro Medina Quezada.
El expediente también involucra al fugitivo Joel Antonio Estévez Batista.
