Redacción HoraxHora
El movimiento Participación Ciudadana (PC) aseguró ayer que los grandes casos de corrupción administrativa que se conocen en los tribunales continúan atravesando un proceso lento, en particular por los incidentes que presentan los acusados, lo que obliga a los jueces a posponer las audiencias.
La lentitud ha sido reconocida por el propio sistema judicial, que tomó la decisión de excluir temporalmente del sistema aleatorio de asignación de casos al primer y segundo tribunal colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional para evitar congestionar aún más estos tribunales, dijo la entidad en un comunicado.
«Recordemos que el primer tribunal colegiado está integrado por Esmirna Gisselle Méndez, quien lo preside y por Tania Yunes y Jissel Naranjo, miembros, y conocen el caso de Adán Cáceres y compartes, además de tener bajo su responsabilidad otros 50 casos, entre ellos la quiebra de la Financiera Oriental», recordó Participación Ciudadana.
Por su lado, el segundo tribunal colegiado está integrado por Claribel Nivar Arias, quien lo preside, y Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo, miembros.
Este tribunal conoce el caso de Alexis Medina y compartes, Jean Alain Rodríguez y compartes, además de muchos otros casos, entre ellos el de Costa Dorada, Pascual Cabrera y Money Free.
La onegé saludó la decisión del Poder Judicial de excluir a esos dos tribunales del apoderamiento de nuevos.
«La decisión se toma entendiendo que los casos complejos demandan jornadas extendidas de audiencia por la multiplicidad de imputados y extensa cantidad de pruebas, lo cual limita la posibilidad de conocer otros casos durante la semana», dijo el comunicado.
El octubre de 2023 Participación Ciudadana solicitó medidas como la ahora tomada, en una carta dirigida al presidente del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina.
«Entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes», consideró el capítulo dominicano de Transparencia Internacional
«De todas formas», continuó el comunicado, «aunque se ha dilatado la medida, es positivo que el Poder Judicial comience a tomar medidas que agilicen los procesos, no solo aquellos de corrupción administrativa, sino todos los que están bajo su responsabilidad».
