‘Mi país Seguro’ 3ro. desde 2005 que busca frenar la delincuencia
Elain Rodríguez Mena
Especial para HoraxHora
Aunque la seguridad pública es una de las principales demandas de la población, constituyendo uno de los cinco primeros renglones de preocupación de la gente, según las encuestas, los gobiernos que se van sucediendo en el país plantean el tema, pero han fracasado en su solución.
Luis Abinader ha planteado una lucha frontal contra la violencia y la delincuencia, como uno de los puntales de sus promesas de campaña. Lo hizo en 2016 y lo repitió con insistencia para los comicios de 2020 y ahora lo lanza, ya en el ejercicio del poder.
“Este país, junto con Paraguay, era uno de los más seguros del continente, y ahora ocupa el cuarto lugar en delincuencia y criminalidad, solo superado por Honduras, Venezuela y El Salvador. Eso hay que pararlo, y nosotros lo vamos a parar”, dijo Luis Abinader en Santiago el 23 de febrero de 2016 al presentar a su asesor y consultor en planes de seguridad pública, Rudolph Giulliani, para su campaña electoral de las elecciones de ese año.
Hoy, en los ranking de delincuencia y violencia pública en América Latina, los primeros lugares se lo llevan México, Brasil, Honduras, Haití y Venezuela.
Los expertos de la conducta y de seguridad pública, explican que el tema es multifactorial y, por tanto, su eventual solución tiene que ser multisectorial. Y la represión no es, necesariamente, uno de los puntos fuertes en que se sustente el éxito buscado, apuntan los expertos. Una de las atenciones principales de los expertos se sitúa en que el mayor porcentaje de los delincuentes callejeros, y generalmente los más violentos, son jóvenes de entre 17 y 25 años.
Organismos de seguridad pública que garanticen acciones de prevención e investigación efectiva una vez cometidos actos de violencia y/o delincuencia, una Justicia eficaz, programas de educación barrial, empleos y actividades que alejen a la franja de los denonimados ‘ninis’ –que no trabajan ni estudian- de las calles y el ocio, así como el despliegue de una lucha contra el microtráfico de drogas, en especial en los barrios más populosos y carenciados económicamente, son algunos de los factores que citan los expertos como inminentes para enfrentar la situación, que acusa picos de actividad estadísticos. Acciones aisladas, sin embargo, han probado en el pasado que no dan el resultado de una disminución de la violencia y delincuencia generalizada en amplias franjas del país.
Los niveles de criminalidad han llegado en el país a cifras de 28 homicidios por cada cien mil habitantes. Estos niveles han bajado hasta 15 homicidios o menos por cada cien mil habitantes, pero las acciones de robos, atracos, asaltos callejeros y en especial el raterismo provocan una sensación de inseguridad que aterra a la gente.
Es ahí, en medio del entramado entre las demandas de la población de mayores garantías de seguridad pública y las promesas de campaña electoral, que el Gobierno de diez meses de Abinader lanza el programa de lucha contra la delincuencia denominado “Mi País Seguro”.
“Este es un plan piloto y como tal significa que se van a cometer algunos errores, posiblemente, pero que los vamos a corregir porque este plan lo vamos a continuar hasta que sea un éxito, porque como dije al principio, en este plan de seguridad ciudadana ni me canso ni me cansan…”, dijo el presidente Abinader en el acto de lanzamiento del plan, realizado en el Club Los Cachorros, de Cristo Rey.
A lo largo de los últimos 15 años, los gobiernos que ha tenido el país –Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader- han lanzado por lo menos tres grandes programas en procura de reducir la violencia y la delincuencia:
– ‘Plan de Seguridad Democrática’, en 2005, lanzado en el gobierno de Leonel Fernández e implementado por el entonces ministro de Interior y Policía, Franklyn Almeida, cuyos resultados concluyeron en un fracas y hasta la burla de la gente por la compra de una flota de motocicletas Harley Davinson para suspuestamente patrullar las calles y callejones de los barrios de la capital;
– ‘Plan Barrio Seguro’, fue puesto en ejecución en la administración de Danilo Medina 2012-2016, dando seguimiento a un programa similar lanzado en 2005. Ese mismo plan se puso en ejecución en 2015 en Santiago y zonas del Cibao ante una oleada de violencia y delincuencia;
-Plan ‘Mi País Seguro’, lanzado en junio de 2021 por el gobierno del presidente Abinader e implementado por el Ministro de Interior y Policía, Jesús –Chu- Vázquez.
El desarme
Uno de los principales dolores de cabeza que sufren las autoridades en el continente es la creciente cantidad de armas de fuego en manos de civiles, muchos de ellos organizados en grupos criminals y bandas delincuenciales, aupados en gran medida por el negocio del narcotráfico.
Desde el 2006 está prohibido por decreto del entonces presidente Leonel Fernández, la importación de armas de fuego, pertrechos y accesorios para las mismas. La medida se tomó en medio de una de esas espirales de violencia y delincuencia callejera, que dio paso a la implementación de varias otras medidas en busca de controlar la situación. En el 2016, un reportaje de Listín Diario, bajo la firma del periodista Guillermo Pérez, se revela que en siete años, entre 2009 y 2016, el país importó unos US$40,3 millones en armas de fuego, municiones y partes.
Por todo Centroamérica proliferan las armas de fuego, de todos los calibres, las cuales son usadas para cometer acciones delincuenciales, para enfrentar a la autoridad y como medio de ‘defensa’ entre pandillas y estructuras del crimen organizado. Pero en mayor medida, México y Brasil registran una gran cantidad de armas en manos de los carteles de la droga y de las bandas delincuenciales, lo que eleva por mucho las estadísticas de asesinatos y acciones delincuenciales con el uso de armas como elementos intimidatorios. Pero en los Estados Unidos hay una alarma generada en los últimos tiempos a consecuencia del uso de armas de diferentes calibres en ataques, muchas veces en solitario, provocados en lugares públicos con un saldo de muertos y heridos en masa, así como de otros actos de enfrentamientos personales.
Esto ha convertido que la empresa de producción y venta de las armas, legales y/o ilegales, haya florecido enormemente, muchas de ellas contrabandeadas y negociadas de manera irregular, convirtiéndose en un multimillonario y lucrativo negocio.
Esta situación ha llevado a anuncios reiterativos de programas de desarmes de la población, pero ejecutarlos ha sido muy dificil y generalmente los anuncios se quedan en buenas intenciones. En Estados Unidos, la situación es más complicada toda vez que esta constitucionalizado la autorización para la tenencia de armas de fuego, por lo que la denominada ‘industria del rifle’ es considerada una de las empresas más poderosas económicamente de esa nación.
En la República Dominicana los anuncios de desarme de la población civil se ha hecho reiteradamente, pero ha contado con la oposición de portadores que alegan que requieren las armas de fuego para su protección personal y/o de sus negocios y/o de sus propiedades debido a la desconfianza de la seguridad que brindan las autoridades. Muchos alegan que tienen que hacer grandes inversiones para agarantizar su protección, pagando seguridad privada y/o invirtiendo en la compra de armas de fuego, cada vez más caras.
El Ministerio de Interior y Policía ha situado en unas 250mil la cantidad de armas registradas legalmente, muchas con las licencias vencidas, pero que el número de las armas de fuego ilegales que proliferan por todo el país en manos de civiles puede llegar a ser tres más.
El ministro Vázquez dijo, en el acto de lanzamiento del plan, que en el proyecto de recolección y entrega voluntaria de armas, además de ser un esfuerzo de integración de todos los actores de la sociedad, incluyendo del liderazgo político, “garantizamos que las armas que sean recolectadas, todas, serán destruidas y no volverán, jamás, a las calles a provocar su nefasta desgracia”.
El fallecido general Enrique Pérez y Pérez impulsó, con poco éxito, un programa de ‘legalización’ de armas de fuego ‘ilegales’ con solo presentarlas ante el Ministerio de Interior y Policía y proceder a sacar su licencia de tenencia legal. El programa fue durante su gestión al frente de ese organismo (entonces Secretaría de Estado) entre junio de 1975 y Julio de 1978. El pryecto fue a consecuencia de escándalos periodísticos en torno a la gran cantidad de armas ilegales en manos de la población civil, muchas de las cuales entraban de contrabando –en especial desde Haití- al país. Según el proyecto, el portador del arma no tenía que reveler su procedencia ni como la había obtenido.
La ventana rota
Durante su campaña presidencial para las elecciones de 2016 y para las de 2020, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giulliani, sirvió de asesor, consultor y consejero especial en material de seguridad pública de Abinader.
Giulliani presentó un plan, a través de su empresa privada ‘Giuliani Partners LLC’, basado en su programa denominado ‘La ventana rota’, que implementó en Nueva York durante su gestión como alcalde (1994-2001) y que le dio un exitoso resultado en favor de reducir y controlar la violencia y la delincuencia en esa urbe.
Ese programa extrapolado a otras naciones como México, sin embargo, fue un fracaso, toda vez que sus accciones “necesariamente no son aplicables, con éxito, a sociedades diferentes”, comentó en 2016 el experto en seguridad pública Daniel Pou.
No se conoce, sin embargo, si el plan ‘Mi pais seguro’ que ha lanzado ahora el gobierno del presidente Abinader está basado, aún en parte, en los lineamientos del programa ‘La ventana rota’ de Giulliani.
El ex alcalde fue uno de los abogados principales, consejero y amigo del expresidente Donald Trump y actualmente enfrenta un proceso de investigación de parte de la justicia norteamericana, en especial del FBI, por situaciones alegamente irregulares durante su gestión de asesor presidencial.
