Redacción HoraxHora
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la extinción de la acción penal a favor del ciudadano canadiense Antonio Carbone, contra quien pesaba una condena de 20 años de prisión por intento de homicidio contra Fernando Báez Guerrero.
El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado por las juezas Gissell Soto Peña y Clara Sobeida Castillo, estableció que el referido proceso inició el 27 de enero del año 2015, con la solicitud de medidas de coerción por parte la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional.
El tribunal dispuso, además, el cese de todas las medidas de coerción impuestas al procesado, fijando la lectura integral del fallo para el próximo 25 de febrero a las nueve horas de la mañana.
La decisión judicial, que pone fin al procedimiento, fue emitida antes de iniciarse la sustanciación del nuevo juicio dispuesto por la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de una medida de naturaleza prejudicial, tomando en cuenta, que el Tribunal Constitucional, mediante sentencia TC/0515/23, de fecha 17 de agosto del 2023, había dispuesto la nulidad del proceso, al determinar que el tribunal de primera instancia que había conocido el juicio de fondo seguido a Carbone, fue conformado en violación de la Constitución y las leyes, en inobservancia de la garantía del juez natural, acogiendo así un recurso de revisión.
La investigación contra Carbone tuvo su génesis en una denuncia que lo vinculaba a un supuesto intento de homicidio dirigido contra el Fernando Arturo Báez Guerrero, quien posteriormente se querelló contra este ante el Ministerio Público, a pesar de que Antonio Carbone se encontraba en Canadá en el momento que se produjo el hecho.
Los abogados del empresario Antonio Carbone, Roberto Rosario, Hotoniel Bonilla y Luis Jiménez saludaron la decisión de las juezas y afirmaron que viene a restituir los derechos fundamentales de du defendido que aseguraron fueron conculcados sistemáticamente en los últimos diez años.
Además a establecer un precedente que revela que en el sistema judicial existen jueces garantes de los derechos constitucionales y de las convenciones internacionales de las que es signatario el país, lo que puede estimular a ser aplicado a los casos de cientos de ciudadanos que se encuentran en similar situación, sin que sus procesos sean decididos en un plazo razonable.
