Redacción HoraxHora
La Operación Calamar se empleó para desmantelar una red que tocó el patrimonio público de una forma sin precedente en la historia del país, empleando un entramado de corrupción que, según declaró la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, es el más complejo en el sentido de su funcionamiento y de cómo desde el Estado se cohesionaron para distraer fondos millonarios del erario.
Llamó a las personas a que, antes de criticar la imputación, se tomen la responsabilidad de leerla y evaluar los cargos que el Ministerio Público les imputa a los detenidos durante dicha operación, aclarando que, aunque el árgano acusador no pueda revelar su estrategia, se trata de una investigación muy importante, que es compleja y que aún está abierta.
La magistrada aseguró que no hay forma de que el caso no sea declarado complejo, ya que, según declaró a la salida de la audiencia en que se aplazó el conocimiento de solicitud de medida de coerción, «esta red tocó el patrimonio público de forma sin precedente en la historia del país. Hasta el momento es el caso de más complejidad, de cómo funcionaba, de cómo desde el Estado se coalicionaron distintos funcionarios para distraer fondos millonarios del patrimonio público».
Reynoso declaró que el Ministerio Público ha estado durante varios meses realizando una investigación profunda sobre el caso Calamar, acorde con los más altos estándares internacionales sobre redes de criminalidad organizada.
«Este caso se trata de un entramado de criminalidad organizada muy poco visto en la región y en ese sentido el Ministerio Público, sin descansar, trabajando muchas veces jornadas de hasta 18 horas, ha hecho de manera preliminar una imputación de cargos a los fines de solicitar medidas de coerción», dijo la magistrada.
También afirmó que las pruebas presentadas están bien sustentadas ye que en esta etapa del proceso podrían ser calificadas de «espeluznantes».
La denominada Operación Calamar fue ejecutada el pasado sábado, en la cual se realizaron 40 allanamientos distribuidos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, logrando el arresto de 20 personas.
En la ejecutoria de estos allanamientos y arrestos participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, el economista Ángel Lockward y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
