En estos tiempos de vorágine, cuando la violencia ha mostrado tentáculos indomables, con saldo considerable de víctimas, incluida gente de un correcto proceder, como el caso de la sorpresiva muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, se hace necesario buscar vías de soluciones.
Los niveles de estrés que ha sufrido la población desde los mismos inicios de la pandemia del Covid, sumado a los continuos actos de violencia en ciudades y campos, la proliferación de armas de fuego, el caos casi permanente en el tráfico vehicular, dan lugar que el tema de salud mental sea colocado en primer plano.
Pese a que la Ley 12-06, sobre salud mental, contiene mucha teoría en sus 83 artículos, promulgada en febrero de 2006, en todo el ámbito nacional la salud mental como especialidad de la medicina registra una presencia que se puede afirmar es tímida, porque muy pocos centros asistenciales públicos tienen unidades de esa área de la medicina. Y la seguridad social otorga muy poco o ningún margen de beneficio para esos pacientes.
Más aún, la consulta privada es más que excesiva en sus tarifas, y prácticamente ninguna ARS incluye en su catálogo de servicios los trastornos mentales y de la conducta, violando así la Ley 12-06, sobre salud mental.
Datos de la Organización Mundial de la Salud registran que en 2017 en República Dominicana un 4.7% de la población padecía de trastornos depresivos, y un 5.7% de trastornos de ansiedad.
Precisamente, la ansiedad, trastornos de sueño y depresión continúan siendo las causas más frecuentes en las consultas de salud mental en este país. Y más de dos años después de la pandemia, la situación es mucho más crítica.
Pero la escasez de especialistas y unidades asistenciales relacionadas con salud mental es una condición que afecta a todos los hospitales públicos.
Para abril de 2018 había 150 psiquiatras nombrados en el sistema nacional de salud pública, de los que el 80% estaba distribuido en 4 provincias del país: el 65% en Santo Domingo; el 7% en Santiago, el 5% en San Cristóbal, y el 4% en San Francisco de Macorís.
Lamentable es decirlo, y mucho más escribirlo. La inmensa mayoría de personas con condición de enajenación mental en todas las provincias, en contadas oportunidades ha llevado un tratamiento en procura de mejorar su condición.
La precariedad económica de muchas familias hace imposible que cuando tienen uno de los suyos en esas condiciones, ni siquiera pueden recibir tratamiento en un centro especializado.
Felicitamos la iniciativa dada a conocer por el diputado Aníbal Díaz, quien ha adelantado que su proyecto de ley –que merece el respaldo de todos los sectores nacionales- tiene por objetivo garantizar el acceso, la prevención y el tratamiento en materia de salud mental.
El legislador, cuya pieza es objeto de discusión en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, entiende que a la salud mental no se le ha concedido la misma importancia que a la salud física.
Algo a tomar muy en cuenta. En este país no existe un marco legal que obligue a los distintos seguros de salud subsidiar los medicamentos de personas con problemas mentales. Es uno de los temas centrales en la pieza del diputado Díaz, y que merece contar con el apoyo de las distintas bancadas cuando sea colocada en agenda en ambas cámaras.
Datos que aparecen en la página web del Ministerio de Salud Pública establecen que “la atención de salud mental en República Dominicana se desarrolló, en el pasado, basada en un modelo institucional-manicomial centrado en el Hospital Psiquiátrico Padre Billini, inaugurado en 1959”.
Durante más de medio siglo, ese hospital era el único centro asistencial público que daba asistencia a pacientes provenientes de la población más necesitada. Durante todo el tiempo en que permaneció abierto, acogió pacientes de toda la geografía nacional. Y que conste, no siempre estuvo al alcance de todos los pacientes de salud mental.
En el año 2014, se ordenó el cierre de ese hospital para convertirlo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial (de referencia nacional).
Para cerrar esta entrega, es justo afirmar que la salud mental como rama de la medicina merece tener mejor suerte en los centros hospitalarios diseminados en las distintas provincias del país, y que los pacientes gocen de una abierta aceptación en el sistema de seguridad social.
