El Gobierno de Nicaragua propuso una reforma a la Ley general de bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros, que entre cosas establece ampliar las sanciones a esas entidades y a sus funcionarios, según la iniciativa divulgada ayer por la Asamblea Nacional (Parlamento).
Explica un cable de EFE que en la iniciativa el Ejecutivo propone multar al director, representante, gerente, ejecutivo principal, funcionario, administrador de prevención de los riesgos, auditor interno o cualquier otro empleado de una institución bancaria “que divulgue o informe al cliente que su transacción está siendo analizada o considerada para un posible reporte de operación sospechosa de lavado de dinero, o que le informe que se presentará o se presentó dicho reporte”.
También a los que alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o eviten que se conozca de los mismos o destruyan estos elementos, con el fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización, supervisión o inspección, según el texto.
Bancos del país
En Nicaragua operan siete bancos privados: Banco de la Producción (Banpro), Banco Centroamericano (Bancentro-Lafise), Banco de América Central (Bac), Banco de Finanzas (Bdf), Banco Ficohsa, Banco Avanz, y Banco Atlántida de Nicaragua.
