‘La democracia es cara, y hay que pagarla’. La frase acuñada como una verdad absoluta, es defendida cuando se trata de justificar el uso de multimillonarios recursos, principalmente públicos, en actividades políticas partidarias y de cara a los procesos electorales.
Ocurre que cuando se aprobó asignar fondos públicos, del presupuesto anual de la nación -1997 fruto de los acuerdos del Pacto por la Democracia, Balaguer-Peña Gómez, para zanjar la crisis electoral de 1994- uno de los propósitos planteados era evitar que dinero de ‘dudosa procedencia’ -corrupción, crimen organizado, sectores de poder económico, por ejemplo- decidan el resultado de los procesos electorales.
El propósito ha girado, al paso del tiempo, en torno ‘impedir’ la incursión del narcotráfico, los juegos ilegales, el poder económico de ‘gaseros’, ‘banqueros de lotería’, la corrupción y de sectores de poder, en los estamentos fundamentales del Estado, como Presidencia y sus dependencias, el Congreso Nacional, la Justicia, los ayuntamientos, las dependencias del gobierno.
Los partidos nos han fallado. Han desvirtuado el propósito de los fondos que reciben de los impuestos de la población y hoy representantes directos de fortunas ‘dudosas’, ilegales e ilegítimas han llegado a la osadía de hacer vida personal en los estamentos de poder, con posiciones públicas ‘ganadas’ en elecciones, pese a que la auditoría social y visual colectiva los desviste de arriba abajo.
Por ello, entonces, el ‘sacrificio’ que se les pide hoy a los políticos, ante la crisis económica exógena que vivimos, debería servir de catarsis ante la desvergüenza por el despilfarro de los millonarios recursos económicos que reciben, públicos y privados, bajo la falacia de que son para ‘fortalecer la democracia’.
