Redacción HoraxHora
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) inició un taller formativo dirigido a todo su personal operativo, con el objetivo de fortalecer la institución y actualizar jurídicamente a sus agentes ante la próxima entrada en vigor de la Ley núm. 74-25, que instituye el nuevo Código Penal Dominicano.
El taller, titulado “Novedades del Código Penal y Procesal Penal Dominicano: Abordaje Especializado de los Roles y Actores Claves del Sistema”, contó con la participación de más de 300 agentes, inspectores y oficiales superiores.
La jornada de capacitación estuvo encabezada por la magistrada Kenya Romero, jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y fue impartida en conjunto con el magistrado Amauri Martínez, juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
Durante su intervención, la magistrada Romero resaltó la importancia de que la DNCD impulse estos procesos permanentes de formación. Aseguró que dichas iniciativas consolidan la correcta aplicación de la ley, el respeto al debido proceso y la eficiencia en la persecución del narcotráfico, el crimen organizado y los delitos relacionados.
«Todos los actores del sistema de justicia tienen el deber y la responsabilidad de actuar conforme a los principios constitucionales y legales que rigen el Estado de derecho. La formación continua garantiza que cada actuación se ejecute dentro de los parámetros del debido proceso, preservando la dignidad humana«, precisó Romero.
Por su parte, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (ARD), manifestó que la institución avanza en su política de modernización y profesionalización frente a los desafíos que plantea la implementación de la Ley núm. 74-25. Afirmó que la capacitación es un eje esencial para la seguridad nacional y para asegurar que la persecución del lavado de activos y la criminalidad organizada transnacional se realicen bajo el marco legal vigente.
El magistrado Amauri Martínez, valoró positivamente el encuentro, señalando que la sociedad dominicana requería de un código penal moderno, adaptado a las nuevas manifestaciones delictivas y alineado con la realidad actual del país.
