Redacción HoraxHora
La Conferencia del Episcopado Dominicano y el organismo de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente han publicado un comunicado en el que expresan su solidaridad con las comunidades y personas de buena voluntad que se han manifestado en contra del proyecto minero impulsado por la empresa canadiense GoldQuest, en la provincia de San Juan. El documento defiende el invaluable patrimonio natural del agua como bien común irrenunciable.
La postura de estos sectores se fundamenta en la necesidad de proteger los territorios de actividades mineras que podrían poner en riesgo la integridad ecológica y afectar la función que desempeñan las cordilleras en el ciclo hidrológico del país.
Protección de las cordilleras como patrimonio natural
En el texto se hace un llamado a las autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que defienden las cordilleras Central y Septentrional. Asimismo, se exhorta a tomar decisiones prudentes, priorizando el bien común, la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad de la vida.
Los firmantes destacan que las montañas constituyen un elemento esencial para el equilibrio ambiental y la supervivencia del país, al tiempo que expresan su inquietud por los riesgos que representan: «Nuestra principal preocupación frente a posibles operaciones mineras en las cordilleras Central y Septentrional es su impacto sobre el agua, puesto que es un recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas».
El documento subraya que ambas cordilleras desempeñan un papel fundamental como grandes reservorios hídricos, ya que captan, almacenan y distribuyen el agua que alimenta los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego de gran parte del territorio nacional.
Llamado al discernimiento y al cuidado de la casa común
Desde esta perspectiva, se advierte que cualquier intervención que altere estos ecosistemas podría afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del recurso hídrico, con consecuencias para las generaciones presentes y futuras.
Afirman que la actividad minera, por su propia naturaleza, implica la remoción de suelos y el uso intensivo de sustancias químicas, lo que genera desechos que en muchos casos son altamente tóxicos y que, incluso bajo controles técnicos, representan riesgos para las fuentes de agua.
En este sentido, advierten que podría resultar afectada la presa de Hatillo, considerada el principal reservorio hídrico del país, lo que implicaría un grave riesgo para el abastecimiento de agua. Ante este escenario, declaran que el acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y universal.
Ante esta alerta ecológica, la Iglesia dominicana reafirma su compromiso con una visión de desarrollo nacional integral y sostenible, al mismo tiempo que reitera a las autoridades: «Apliquen políticas económicas que armonicen el progreso económico con la protección ambiental».
Del mismo modo, insisten en la necesidad de salvaguardar este recurso vital: «Solicitamos la protección del recurso agua como criterio básico de decisión sobre la viabilidad o no de todo proyecto minero».
El comunicado termina con un llamado a promover un diálogo responsable entre las autoridades y la ciudadanía, con el fin de encontrar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de los ecosistemas.
