Santo Domingo, República Dominicana, martes 26 de agosto, 2025

TSA rechaza demanda del Ayuntamiento del Distrito Nacional sobre construcción de torre en Piantini

Redacción HoraxHora

La jueza Luisa del Carmen Canaán, presidenta de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, rechazó una segunda demanda cautelar presentada por el Ayuntamiento del Distrito Nacional que buscaba frenar la construcción de la torre Wyndham Grand Everest, ubicada en la calle Federico Geraldino del sector Piantini.

En su decisión, contenida en la Sentencia núm. 0030-01-2025-SSMC-00080 del pasado 15 de agosto, la magistrada consideró que la petición del Ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, carece de fundamento legal suficiente. La jueza sostuvo que paralizar un proyecto en fase avanzada afectaría gravemente tanto el desarrollo urbano del sector como a terceros adquirientes que confiaron en la legalidad de los actos administrativos emitidos previamente por la propia Alcaldía.

“Pretender suspender sus efectos sin una demostración clara y objetiva de su invalidez jurídica vulnera el principio de seguridad jurídica”, argumentó la jueza Canaán.

También enfatizó que las medidas cautelares no deben usarse como herramientas de presión, sino como mecanismos excepcionales, especialmente cuando, como en este caso, existe un proceso principal habilitado para revisar la legalidad de los actos cuestionados.

La defensa del Grupo Choroni, SRL —empresa desarrolladora del proyecto— estuvo en manos de los abogados Julio Cury, Víctor León Morel y José Alberto Cruceta hijo, quienes destacaron que los permisos otorgados gozan de presunción de validez y legalidad, y que el proceso seguido fue regular.

Además del Ayuntamiento, la Junta de Vecinos de Piantini también se sumó a la demanda como parte interesada, representada por el abogado Héctor Alies. Sin embargo, la jueza reafirmó que la acción en lesividad iniciada por segunda vez por el cabildo no supera el filtro de la apariencia de buen derecho.

Con esta decisión, el tribunal reafirma que el desarrollo del proyecto inmobiliario puede continuar, respaldado por actos administrativos vigentes y derechos adquiridos por compradores que confiaron en la legalidad del proceso.

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