Redacción HoraxHora
A partir del próximo 26 de abril de 2026, El Salvador aplicará prisión perpetua a adolescentes de entre 12 y 18 años que cometan delitos graves como homicidio, feminicidio, violación o pertenencia a pandillas, tras la entrada en vigor de una reforma constitucional que transforma de manera radical el sistema de justicia juvenil.
Detalla una nota colgada por Agencias que la medida, ya ratificada y publicada en el Diario Oficial, busca endurecer las sanciones contra el crimen organizado y las estructuras pandilleriles, eliminando el modelo tradicional de justicia juvenil que priorizaba la reinserción social de los menores.
La reforma establece que, cuando un delito esté castigado con cadena perpetua en el Código Penal, esta pena será impuesta de forma obligatoria también a los menores de edad, sin margen de discrecionalidad judicial. Así lo dispone la modificación al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil.
Eliminación del internamiento juvenil en delitos graves
Con la entrada en vigor de esta reforma, se eliminan los límites previos de internamiento para menores en delitos graves. Hasta ahora, las penas máximas eran de 10 años para adolescentes de 12 a 15 años, y de hasta 15 o 20 años para mayores de 16, dependiendo del delito.
Agencias explica en una nota publicada que las modificaciones impactan directamente la Ley Penal Juvenil, el Código Penal, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, marcando un giro hacia un enfoque punitivo más severo.
Para delitos que no conllevan cadena perpetua, como extorsión, secuestro o robo agravado, se mantiene el máximo de 15 años de internamiento. Sin embargo, el régimen de libertad controlada será más restrictivo y estará sujeto a condiciones adicionales.
Juicios y reclusión en centros de adultos
Otro de los cambios relevantes es que los adolescentes vinculados a estructuras criminales serán juzgados bajo la Ley contra el Crimen Organizado, quedando fuera del sistema de justicia juvenil. Esto permitirá la realización de juicios masivos en tribunales especializados.
Además, los menores cumplirán sus condenas en centros penitenciarios para adultos, aunque separados por edad, conforme a lo establecido en la legislación vigente.
Los procesos judiciales podrán extenderse hasta 24 meses, con posibilidad de prórroga por un año adicional, lo que refuerza el alcance del sistema penal en estos casos.
Endurecimiento de penas por terrorismo y crimen organizado
La reforma también amplía la definición de organización terrorista, incluyendo a grupos con estructura jerárquica que utilicen métodos violentos para generar terror o sustituir funciones del Estado.
En este contexto, la pertenencia a estas organizaciones será sancionada con penas de entre 20 y 30 años de prisión, mientras que los líderes enfrentarán condenas de hasta 60 años.
En el caso de los cómplices de delitos castigados con prisión perpetua, se elimina el límite anterior de dos tercios de la pena máxima. Ahora, las sanciones podrán alcanzar hasta 25 años de prisión, aunque no serán perpetuas.
Con esta reforma, El Salvador redefine su política criminal, apostando por un enfoque más estricto frente a la violencia y el crimen organizado, en una decisión que marca un precedente en la región.
