Redacción HoraxHora
La Organización de los Estados Americanos (OEA) acogió una propuesta, que aún debe ser sometida a votación, para convocar una reunión de ministros de Relaciones Exteriores con el fin de evaluar la situación política de Nicaragua y analizar posibles acciones frente a las decisiones del Gobierno de Daniel Ortega.
La iniciativa fue presentada por Estados Unidos y cuenta con el respaldo de Argentina, Panamá, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Ecuador. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, afirmó que es momento de una respuesta “formal, institucional y colectiva” ante el deterioro de la democracia en el país centroamericano.
“Hacemos frente a una monarquía autoritaria que no tiene intención de dejar el poder”, expresó Kozak, quien sostuvo que su país no puede ser el único en adoptar medidas frente a la situación nicaragüense.
La propuesta condena las acciones del Gobierno de Ortega y plantea una reunión de consulta de cancilleres para definir una respuesta conjunta. Kozak aclaró que la iniciativa no contempla ni autoriza el uso de las Fuerzas Armadas.
Durante la sesión, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, denunció la existencia de persecución religiosa y represión política en Nicaragua, al asegurar que el Gobierno ha instaurado un clima de miedo para silenciar a la población.
“El Estado de Nicaragua se retiró de esta organización en 2023, los nicaragüenses no”, afirmó Payá.
La relatora también expresó preocupación por las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien el pasado 19 de julio aseguró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, así como por una propuesta de reforma constitucional presentada el 28 de julio que busca ampliar el mandato de la copresidencia.
Por su parte, la representación de Perú manifestó su “profunda preocupación” por la situación política en Nicaragua e instó al Gobierno de Ortega a desistir de cualquier acción que atente contra la institucionalidad democrática del país.
