Redacción HoraxHora
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), finalizó hoy su reunión semestral, celebrada de forma virtual, con la presentación de sus conclusiones tras tres días de debate sobre la situación de la libertad de prensa en el hemisferio occidental y una serie de paneles relacionados con la actualización de la Declaración de Salta sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital de 2018, a la luz de los cambios tecnológicos de los últimos años.
A continuación, el texto íntegro de las Conclusiones de la Reunión de Medio Año:
«2024 es un año electoralmente intenso para el continente, con riesgos crecientes para las libertades de expresión y de prensa. Las muestras de intolerancia de políticos con altas chances de acceder al poder y de las autoridades de diversos países oscurecen el horizonte para el ejercicio del periodismo, como quedó reflejado en esta Reunión de Medio Año.
En ese contexto, se conjuga un discurso político que postula la comunicación directa con el público y potencia la confrontación con medios de comunicación y periodistas a través de prácticas de espionaje, acoso virtual y demandas judiciales estratégicas, que buscan silenciar las voces críticas. Al mismo tiempo, en algunos países el encarcelamiento y el exilio forzado o las deportaciones que sufren periodistas provienen por igual de actores estatales y del crimen organizado.
Siete periodistas fueron asesinados en Guatemala, Honduras, Colombia, Haití y México, y otros cuatro permanecen encarcelados en Cuba y Guatemala. También en este semestre se registraron secuestros de periodistas en Haití y México. Hubo numerosos casos de agresiones y estigmatizaciones en Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y México. Los presidentes de los últimos tres países suelen referirse negativamente a los periodistas a través de sus redes y de los medios de comunicación.
El régimen nicaragüense ha desmantelado a la prensa independiente. A las confiscaciones, el encarcelamiento y luego el destierro de editores y periodistas, el gobierno suma persecuciones contra familiares y saqueos de domicilios y de cuentas bancarias de quienes sostienen una voz crítica. La Ley Especial de Ciberdelitos fue diseñada y es usada para perseguir en las redes sociales toda expresión crítica al discurso oficial.
En Cuba y Venezuela, la persecución contra los pocos periodistas que logran manifestarse y contra ciudadanos se traduce en sanciones económicas, bloqueos de canales de expresión, estigmatizaciones y hostigamientos en lugares públicos.
Un panel en esta reunión analizó en profundidad el avance del amedrentamiento y de los ataques del narcotráfico contra la prensa en Guatemala, Ecuador y Argentina, país este último hasta hace poco ajeno a este flagelo. En otro panel, se discutió el impacto que están teniendo los candidatos hostiles a la prensa durante los procesos electorales de EE. UU., El Salvador, México y Venezuela.
El acoso judicial continúa siendo una estrategia utilizada en varios países para acallar a la prensa. En Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela se registraron casos de acoso judicial, algunos mediante demandas penales y otros a través de demandas civiles en la que los jueces admiten indemnizaciones desproporcionadas que inhiben la libertad de prensa.
En otros países, como Nicaragua, Perú y Venezuela, los gobiernos mantienen mecanismos de vigilancia contra periodistas.
La libertad de expresión también fue vilipendiada mediante la negación de acceso a la información pública tanto a ciudadanos como a periodistas en Bolivia, Estados Unidos, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela.
En materia de proyectos legislativos o tendencias judiciales preocupantes para la libertad de expresión, según el tribunal Supremo de Brasil los medios serían responsables por las difamaciones o calumnias expresadas por los entrevistados. En Canadá un proyecto de ley criminaliza las expresiones públicas en línea. En Perú un proyecto legislativo busca aumentar las penas contra funcionarios que divulguen irregularidades a la prensa.
La contracara de estos casos se conforma con proyectos, resoluciones y acciones gubernamentales que merecen destacarse. En el Senado chileno avanza el tratamiento de una ley de protección de periodistas durante coberturas. En Panamá, un proyecto de ley propone regular la publicidad oficial y otro busca dar protección contra el acoso judicial. En Puerto Rico, la Justicia emitió un fallo que refrenda la confidencialidad de las fuentes de información. En Costa Rica, la Sala Constitucional admitió un recurso contra un ministro por incumplir con la obligación de ofrecer información pública. En Colombia, tras las investigaciones de la SIP, se celebró un acto de reconocimiento a Guillermo Cano, mientras que en Ecuador, el presidente Daniel Noboa suscribió las declaraciones de Chapultepec y de Salta.
En esta reunión también se analizó el impacto de las misiones de la SIP a Colombia, Guatemala y Ecuador, los avances del programa Redacciones + Seguras y el estado de situación de las iniciativas referidas a periodistas en el exilio. Cinco paneles abordaron las disputas y los acuerdos entre medios y empresas tecnológicas, desde alianzas con desarrolladores de inteligencia artificial y análisis sobre nuevos acuerdos, a regulaciones respecto de derechos de autor, abuso de posición dominante y pago de compensaciones a los autores de contenidos.»
