El camino que ha trillado el proceso electoral nacional de 2024 -hoy hacia las votaciones del 19 de mayo, precedidas de las municipales, del 18 de febrero- se ha caracterizado, de un lado por denuncias, quejas, denuestos de la oposición contra la Administración, y del oficialismo, por el otro, con anuncios de profundizar sus promesas de cambio.
La generalidad de los analistas califican de ‘insulsa’ y hasta ‘aburrida’ la campaña, por lo que el debate del 24 de abril, televisado en vivo, que puso face to face a los candidatos presidenciales, le puso una pizca de sazón sobre las habilidades de los nominados, más allá del morbo tradicional que acompaña el enjuiciamiento partidista fanatizado.
El perfil y posicionamiento que han trazado las encuestas profesionales, de prestigio y renombre, no parece haber variado pese a la vocinglería de bullangueros fanáticos. El debate fue un ejercicio de democracia posible, bien llevado, que nos deja la gran lección de que, y cómo, se puede hacer política dejando atrás el pasado ominoso.
Tras ese escenario de la realidad, la oposición se ‘cuadra’ agresiva -al extremo de convocar a la violencia- con desafortunados pronunciamientos de altos dirigentes que llegan al extremo de arengar a seguidores a destruir por la fuerza bruta cualquier propaganda oficialista el día de las votaciones y a ‘defender’, hasta con sus vidas, el voto opositor. Penoso.
Amenaza de violencia y desorden que desafía y desconoce la autoridad de la Junta Central Electoral, que ha prohibido públicamente la colocación de carpas y propaganda en torno a los centros de votación y ha instruido a la Policía Militar Electoral a actuar, si ello ocurriera. Y punto.
