La mujer le dijo que quería votar por el candidato A que le gustaba, pero que el aspirante B le había pagado para que sufragara por él.
El observador quedó virtualmente anonadado y sin respuesta posible, solo pensando si estaba en presencia de algo verdadero o surrealista. Solo pudo decirle a la mujer que eso no era posible en un régimen electoral donde se respetaran las reglas.
De hecho, no es posible ni siquiera en Colombia, donde se tiene uno de los sistemas electorales más atrasados y de fácil manipulación, no solo a través de la compra del voto—muy frecuente—sino ya en el propio acto electoral, pues muchos de sus procesos son altamente vulnerables.
Y luego le sigue la fragilidad de su escrutinio puesto en manos privadas, en este caso, bajo el control de una empresa de unos empresarios procesados por la justicia en Estados Unidos por fraude fiscal y otros delitos.
Bajo este panorama es que se dirimen en Colombia los procesos electorales como el desarrollado el domingo 31 de mayo, donde las urnas parieron un escenario en el que cualquier cosa puede suceder en el balotaje del 21 de junio.
El señor Abelardo de la Espriella—abogado de narcotraficantes, de paramilitares y de evasores de impuestos—emergió como el candidato más votado con el 43.7% de los votos, frente al 40.9% de Iván Cepeda.
Este cuadro no estaba previsto, aunque de antemano se sabía la dificultad para que un candidato resultase electo en primera vuelta.
Es evidente que la modificación del cuadro que adelantaban las encuestas, donde Cepeda lideraba hasta la última semana, se debió al vuelco de la derecha encabezada por el expresidente Álvaro Uribe, uno de los personajes más dañinos y despreciables que ha engendrado la política colombiana.
Lo más probable es que el propio Uribe, ladino como es, pasara la señal para que sus seguidores sacrificaran a la candidata Paloma Valencia y mandarla a volar.
El domingo 21 de junio, los colombianos tienen la oportunidad de escoger entre un aparecido que ni siquiera vive en ese país, o Iván Cepeda, un experimentado funcionario público.
