La decisión de la Justicia, de un juez, de un tribunal colegiado, sobre un caso puesto en sus manos, con acusadores y acusados, siempre beneficiará a uno y perjudicará a otro.
He defendido, siempre, el papel de los jueces como equilibrio del sistema institucional, apto para dirimir los conflictos entre las partes que generalmente tienen posiciones radicales, acusación y defensa, cada una con su verdad y/o sus posiciones.
He dudado en ocasiones, confieso, alguna decisión de los jueces sobre un caso puesto en sus manos. Sin embargo, acepto la decisión y evito satanizar a los magistrados porque la sentencia no sea cónsona con lo que he creído, esperado o querido que sea.
Pero hay casos… y casos.
Uno de ellos, que me ha ‘cuadrado la cabeza’, como suelo decir, es el que presenta una historia publicada por Listín Diario la semana pasada sobre la condena a cinco años de prisión emitida por una jueza, y ratificada por un juez de ejecución de la pena de Monte Plata, contra un anciano, de 93 años, enfermo con Alzheimer, con una sonda permanente, con limitada movilidad corporal y una enfermedad terminal, preso y sentenciado por una riña con otro anciano, de 85 años y que pese a que una persona se registró como garante de que el anciano pudiera cumplir la sentencia en la modalidad de domiciliaria, en su casa, el juez decidió que NO, que debía seguir preso aunque muera tras las rejas.
Ese episodio inhumano que vive el anciano Epifanio Castro, según la publicación de Listín, revierte la confianza de cualquier ciudadano que, como yo, tiene en la justeza de Justicia.
