Tras años de discusiones, cabildeos, negociaciones, algarabía, publicaciones, respaldos y críticas ¡por fin! tenemos -enmendado antes de su puesta en vigencia- un ‘necesario’ y nuevo Código Penal. Consumado el ‘hecho’, los ciudadanos nos preguntamos: ¿un nuevo Código Penal mejorará la imagen, la credibilidad, la administración ¡justa! de la justicia?
Para que una justicia sea ¡justa! los ciudadanos, todos, debemos ser medidos por la misma vara, en el marco ¡justo!, base institucional de una sociedad que se desarrolla en democracia.
Soy de los que cree, por ejemplo, que establecer penas de prisión más largas no disuade el crimen, aunque reconozco que hay muchos avances en otros segmentos.
Lo que yo crea, no es lo importante. Lo trascendente es dejar en el pasado episodio como el de Don Epifanio Castro, el anciano de 93 años -con Alzheimer, una sonda permanente, limitaciones de movilidad y una enfermedad terminal-, preso en Monte Plata, condenado a cinco años de prisión, ratificado por un juez de ejecución de la pena, por acusación de una pelea con otro anciano, de 85 años. O el caso de Chiquitín Jiménez, en prisión preventiva durante 20 años sin sentencia definitiva de una acusación por la que cayó preso. O la condena a seis meses de prisión a Juan Alcántara, acusado de robar 32 aguacates de una finca.
Porque ¿cómo explicar a la gente el contraste que plantea casos como esos frente a la coerción, fuera de prisión, y hasta el archivo de expediente, que reciben confesos delincuentes porque negocian pagar millones de lo robado al erario?
Justicia ‘justa’ es lo que espera la sociedad, con nuevo o con viejo Código.
