Santo Domingo, República Dominicana, miércoles 24 de abril, 2024

Casos corrupción parecen ir lentos en los tribunales

Manuel A. Tobías

Especial para HoraxHora

Apoyados en los tecnicismos judiciales de los principales actores en los procesos de corrupción que se conocen en los tribunales actualmente, los tres principales casos: ‘Antipulpo’, ‘Coral’ y ‘Medusa’ no han llegado a juicio de fondo, ya que todos están a la espera del ‘juicio preliminar’, que consiste en que un juez de Instrucción decida si debe ir al ‘fondo’, se ‘archiva’ o si se envían ante la Corte de primera instancia que deberá decidir sobre culpabilidad o inocencia de los imputados.

Bajo la sombrilla de la Procuradora General, Mirian Germán Brito, los Procuradores Adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho han estado a cargo directo de las operaciones de allanamientos, arrestos, interrogatorios, conformación de los expedientes y de dirigir las acusaciones en las salas de audiencias.

El caso ‘antipulpo’ está fijado para ser abierto ante el juez de Instrucción, el 29 de agosto, el caso ‘Coral’ tiene fecha ante el juez de Instrucción para el 9 de septiembre y el caso ‘Medusa’ fue enviado para el 19 de diciembre.

El caso ‘antipulpo’, que se inició el 29 de noviembre con allanamientos y arrestos, llevó a prisión y medidas de coerción a 11 personas –siendo las figuras centrales dos hermanos del expresidente Danilo Medina (principalmente Alexis Medina) y los ex directores de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, y Fernando Rosa, director del Fromper- listado que fue ampliado al ser presentada la acusación formal ante los tribunales, en un caso declarado complejo.

En el caso ‘Coral’, ampliado con el ‘Coral 5-G’, arrancó en abril de 2021 con los primeros allanamientos y arrestos –siendo la figura central el mayor general Adán Cáceres, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del régimen de Danilo Medina y otros altos militares- y tiene encartados a 31 personas y 18 organizaciones, que incluyen empresas e iglesias cristianas.

El caso ‘Medusa’ comenzó a finales de junio de 2021 con allanamientos y arrestos a personal de la Procuraduría General de la República, siendo el centro de atención el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Este caso tiene como encartados 41 personas y 22 empresas privadas.

El punto común en estos casos ha sido la delación de algunos de los inculpados, que en procura de lograr atenuantes a favor de la condena que podrían recibir, han revelado ante los investigadores de la Procuraduría General importantes detalles que han ayudado a la conformación de los expedientes. La mayoría de los delatores han recibido medidas de coerción fuera de la cárcel.

El último caso, Medusa, se convirtió en espectáculo mediático

Los medios de comunicación del país –prensa escrita, periódicos digitales, noticiarios y programas de televisión y radio, comentaristas, columnas de analistas- han desmenuzado con titulares espectaculares, y algunos hasta sensacionalistas, las 12,275 páginas que conforman del expediente del Caso Medusa, con que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha presentado ante la justicia a un grupo de personas y empresas bajo acusación de conformar un entramado de corrupción que habría operado desde la Procuraduría General de la República.

El expediente, a juicio de muchos abogados sino el mayor uno de los más grandes y amplios que haya presentado ante la justicia nacional, señalando como protagonista y principal acusado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Otras 40 personas y 20 empresas privadas conforman el expediente que revela una alegada trama de corrupción que habría desfalcado el Estado con miles de millones de pesos y haya involucrado operaciones multimillonarias con extorsiones, sobrevaluaciones y hasta un supuesto proyecto político presidencial.

La madeja que envuelve este entramado denunciado por el PEPCA ante los tribunales es tan complejo que la lectura de los interrogatorios y las conclusiones que sobre cada implicado presentan los acusadores conducen a revelaciones que han servicio de punto de partida para titulares espectaculares, las más diversas reseñas periodísticas, análisis y comentarios de los más diversos medios y periodistas.

Jean Alain Rodríguez guarda prisión desde el 29 de junio de 2021 bajo una medida de coerción de 18 meses dispuesta por una jueza de ejecución de la pena. Otros ocho de los primeros acusados del caso bautizado como Medusa por el PEPCA, también fueron arrestados pero a tres de ellos les variaron las medidas por prisión domiciliaria y pago de fianza. Todos con impedimento de salida del país.

Otra treintena de personas y 20 empresas fueron involucradas a la presentación del expediente que debe conocer ahora un juez de Instrucción quien tiene a su cargo decidir el curso del proceso judicial: si el expediente va a juicio de fondo o es archivado, si todos los implicados van a juicio de fondo o si solo una parte será procesado por un tribunal colegiado y los otros descargados.

Sobre el expediente acusatorio del PEPCA han sobresalido varios temas sobre los que se han explayado los medios de comunicación, analistas y comentaristas:

1) el vasto entramado que se atribuye haber dirigido el exprocurador Jean Alain Rodríguez, que incluye acusación de pretender un proyecto como candidato presidencial;

2) el nombre en el escenario de Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete y principal asistente de Jean Alain Rodríguez durante su gestión en la Procuraduría, quien fuera declarado como prófugo en el caso al haberse radicado en España, donde ha sido arrestado por una petición del PEPCA, pero quien no figura como encartado en el expediente presentado ante el juez de Instrucción y, por el contrario, se asegura ha sido uno de los principales delatores contra el ex procurador y la denunciada trama de corrupción;

3) la acusación contra Lisandro José Macarrulla Martínez, hijo de Lisandro Macarrulla, hasta el 7 de julio ministro de la Presidencia. Macarrulla presentó una petición de licencia de su alta posición en el Gobierno, la cual fue aceptada por el Presidente Luis Abinader. La empresa de los Macarrulla fue una de las constructoras que participó en la construcción de la nueva cárcel de La Victoria, eje central de las acusaciones contra la gestión de Jean Alain Rodríguez.

Manuel A. Tob

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