Redacción HoraxHora
El Banco de Reservas rechazó la solicitud de embargo retentivo contra fondos de la Junta Central Electoral, en medio del proceso judicial que involucra a la sociedad comercial Latin Events, LLC.
De acuerdo con la información ofrecida por la JCE, Banreservas fundamentó su rechazo en la Ley 86-11 y en la sentencia 0048-2015 del Tribunal Constitucional, que impiden a las entidades de intermediación financiera inmovilizar fondos públicos, salvo que se trate de una sentencia con carácter definitivo.
Medios locales habían reportado que Latin Events, LLC solicitó a Banreservas la retención de RD$108,720,000 sobre fondos de la JCE, como parte de un proceso para ejecutar en República Dominicana una sentencia emitida por un tribunal estadounidense por alegado incumplimiento contractual.
A propósito del caso, la Junta Central Electoral informó que interpuso formalmente un recurso de apelación y citó a Latin Events, LLC para comparecer ante la Cámara de lo Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La apelación, de fecha 16 de julio de 2026, fue presentada contra el auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
Ese tribunal acogió una solicitud de homologación de sentencia extranjera, también conocida como exequátur, presentada por Latin Events, LLC. Reportes previos indican que esa decisión buscaba otorgar fuerza ejecutoria en el país a una sentencia dictada en Estados Unidos.
La JCE sostiene que recurrirá la decisión y que demostrará en las instancias judiciales que no asumió la obligación reclamada por la empresa.
Junta niega autorización de los servicios
El órgano electoral reiteró que no existe evidencia de aprobación ni autorización por parte del Pleno ni del presidente de la JCE para la adquisición de los presuntos servicios que Latin Events alega haber prestado.
La Junta indicó que actúa para preservar el correcto uso de los fondos públicos y reiteró su compromiso con la transparencia.
El proceso queda ahora pendiente de la apelación ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde deberá discutirse si procede o no la homologación de la sentencia extranjera y cuáles efectos puede tener sobre fondos públicos administrados por la JCE.
