Redacción HoraxHora
La Junta Central Electoral (JCE) anunció que recurrirá por todas las vías judiciales, tanto nacionales como internacionales, la sentencia emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, al asegurar que no existe evidencia de que el Pleno o su presidente autorizaran la contratación de los servicios reclamados por la empresa demandante.
El órgano electoral informó que el Pleno instruyó a su equipo legal a desplegar todas las acciones necesarias para proteger los intereses, la imagen y el buen nombre de la institución.
La decisión fue anunciada tras el auto emitido el 29 de junio de 2026 por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que acogió una solicitud de homologación de una sentencia extranjera presentada por la empresa Latin Events, LLC.
La JCE explicó que sí contrató con esa empresa algunos servicios de publicidad y logística, los cuales fueron pagados en su totalidad mediante una transferencia bancaria internacional (SWIFT) realizada el 21 de mayo de 2024 por un monto de US$230,000.
No obstante, señaló que posteriormente Latin Events remitió nuevas facturas por servicios que, según la institución, nunca fueron contratados, entre ellos un cobro de US$600,000, más US$53,250 por concepto de impuestos, correspondiente a la impresión de 15,000 boletos para la serie de béisbol Titanes del Caribe, celebrada en el Citi Field de Nueva York entre el 10 y el 12 de noviembre de 2023.
La Junta sostuvo además que no fue debidamente notificada del proceso judicial en su sede en la República Dominicana, por lo que, afirma, no pudo ejercer su derecho de defensa.
En ese sentido, argumentó que, conforme al Tratado de Viena, las notificaciones realizadas a consulados en el exterior no sustituyen la notificación formal a una institución pública en su jurisdicción nacional.
Finalmente, la JCE reiteró su compromiso con la transparencia y aseguró que agotará todos los recursos legales disponibles para demostrar que nunca asumió la obligación de pagar los servicios reclamados, con el objetivo de salvaguardar el uso adecuado de los recursos públicos.
