Redacción HoraxHora
El Ministerio Público anunció que apelará el fallo de “no ha lugar” a favor de los exministros de Obras Públicas y Administrativo de la Presidencia, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo que también será apelado el “no ha lugar” que favorece a otros imputados en un alegado desfalco contra el Estado por más de 19 mil millones de pesos.
Camacho cuestionó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez, al entender que hizo una «errónea apreciación de las pruebas».
«El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar», agregó
A juicio va Donald Guerrero
Eex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue enviado a juicio de fondo junto a otros imputados, pero fueron excluidos del expediente Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta con un “No ha Lugar”.
La jueza Altagracia Ramírez también favoreció con “no ha lugar” a Marcial Reyes, Rosa Arias y Daniel Guerrero Mena, hijo de Donald.
Junto a Guerrero van a juicio los acusados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Caamaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Mabel Mejía, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo, entre otros.
La magistrada considera que no existen elementos para una acusación en su contra.ñ en un juicio de fondo contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Arias y Daniel Guerrero Mena.
El Ministerio Público imputaba al grupo de integrar una estructura para el desvío de millones de pesos del Estado.
En el expediente se indica que los acusados realizaron pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, y por sobornos que habrían sido utilizados para financiar la campaña electoral del año 2020.
El Ministerio Público acusó al grupo de asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña, por hechos que, dice el expediente, habrían ocurrido entre 2014 y 2020 y generado un perjuicio económico que superaría los 23,000 millones de pesos.
