Redacción HoraxHora
El Ministerio Público puso en marcha, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, además, participaba en actividades de lavado de activos.
La Operación XL526 llevó al arresto de 20 personas, incluyendo a cinco cabecillas y seis integrantes de la red. Un grupo de 35 fiscales encabezó 28 allanamientos realizados en Santiago y Puerto Plata.
Las acciones se ejecutan con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado y el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet), de la Policía Nacional; HSI Santo Domingo; la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los miembros de la red desmantelada se dedicaban, de manera sistemática y organizada, a la comisión de estafas, chantajes y obtención ilícita de fondos desde República Dominicana.
Mediante sus acciones fraudulentas, la organización criminal recababa fondos para proceder a la transferencia, ocultamiento y blanqueo de capitales, con la finalidad de darles apariencia de legalidad y dificultar su rastreo por parte de las autoridades.
Durante la operación fueron arrestados los cabecillas de la estructura criminal Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walington Sosa Almonte.
También fueron detenidos los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Otras ocho personas fueron detenidas con fines de investigación, mientras el Ministerio Público persigue a otro hombre vinculado a la estructura criminal.
Los integrantes de la red serán sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago por su presunta vinculación con la comisión de delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso ilegal de armas de fuego.
La organización criminal transnacional tenía como base de operaciones el municipio de Jacagua, en la provincia de Santiago.
La red estaba integrada por individuos con dominio del idioma inglés y conocimientos tecnológicos que utilizaban para ejecutar sus actividades ilícitas. Su modus operandi consistía en captar víctimas a través de anuncios publicitarios para posteriormente someterlas a extorsión y chantaje, siguiendo un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, utilizando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como el denominado “Cartel de Sinaloa”, con el propósito de intimidar a las víctimas y exigirles la entrega de dinero. Como parte de las amenazas, les enviaban imágenes de crímenes violentos para infundir temor.
Los fondos obtenidos eran posteriormente canalizados mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas, como bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
Dichas transacciones eran realizadas, en la mayoría de los casos, a favor de terceros identificados por la investigación, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos y encubrir su origen ilícito.
La ostentación de un elevado nivel de vida por parte de los miembros de la organización incentivaba la incorporación de nuevas personas, principalmente jóvenes, en la ciudad de Santiago de los Caballeros y municipios aledaños.
Según las investigaciones, los imputados empleaban mecanismos de intimidación y coacción que generaban graves afectaciones psicológicas en las víctimas, utilizando amenazas para provocar temor, sufrimiento y perturbación emocional, tanto en las víctimas directas como en sus familiares, incidiendo de manera significativa en su estabilidad personal y calidad de vida.
