La propuesta del presidente Luis Abinader de consagrar de manera constitucional la independencia del Ministerio Público lo acaba de justificar la última acción de esa parte del sistema judicial. Llevar ante los tribunales a los encartados en al menos seis expedientes, es un hecho sin precedentes. Y los casos están en justicia.
La más reciente embestida del órgano acusador aún sigue en desarrollo, con los involucrados en el entramado de corrupción denominado ‘Operación Falcón’, en el que se involucran legisladores, incluyendo del partido oficials, y funcionarios del gobierno.
Contra estos legisladores el Ministerio Público tiene abierta una investigación, a quienes imputa, en forma provisional, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
La Procuraduría General ya solicitó a la Suprema Corte de Justicia, y fue asignado, un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra estos congresistas.
Las pruebas han sido recopiladas durante un proceso de varios meses de trabajo conjunto entre autoridades dominicanas y de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), las que sirven de base a la acusación.
¿Otros más?
Según revelara Listín Diario la última semana citando fuentes, en el foco de atención de las autoridades hay un senador y otros cinco diputados de distintos partidos políticos, los que pueden ser convocados en las próximas horas o días sobre los cuales ya existirían expedientes en proceso.
Las autoridades calculan que la red de narcotráfico movió más de 10 mil kilos de cocaína a Estados Unidos y otros países.
En este caso también se ha involucrado, hasta ahora, otras 21 personas, a las que el Ministerio Público ha pedido 18 meses de prisión preventiva en lo que se concluyen las investigaciones correspondientes.
Prófugos están declarados los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Alberto Enmanuel de Jesús Polanco, a quienes las autoridades exhortan no evadir el proceso y entregarse.
Por ahora, las autoridades han informado que a la red de lavado de activos se le ocuparon unos 130 vehículos, incluyendo tres blindados, así como una embarcación pequeña y una grande. También, alrededor de $4.9 millones de dólares en efectivo y más de $22.7 millones de pesos, los que se unen a costosos relojes de lujo, decenas de inmuebles, siete estaciones de combustibles y varias fincas, incluyendo una de banano.
Casos relevantes
Cuando parecía que nada se haría para dar muestra de que la Procuradora Miriam Germán realmente actuaría sin apego a la voluntad del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público sorprendió cuando en octubre del 2020 se inició una serie de interrogatorios que se extendieron a funcionarios del pasado gobierno y de la presente administración.
El tema que motivó las indagaciones fueron las declaraciones juradas de bienes, por parte de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso y el procurador anticorrupción, Wilson Camacho.
En la lista de los primeros interrogados estuvieron la entonces ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua además el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero y la exdirectora de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán. También se llamaron el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan, Temístocles Montás, el exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, y la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba. Asimismo fueron interrogados el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, el ex asistente del expresidente Medina, Robert de la Cruz, miembros de la pasada gestión de la Cámara de Cuentas, entre ellos su entonces presidente Hugo Álvarez Pérez, y otros que posteriormente fueron sometidos a la justicia y se encuentran con medidas de coerción.
Como resultado de la recopilación de datos, se elaboraron cinco magnos expedientes a los se les identificó como loas operación Antipulpo, Coral, Caracol, 13 y Medusa, los que tienen en común la presunción de corrupción administrativa y otros delitos asociados.
Las detenciones iniciaron el 29 de noviembre, con la que constituyó la primera gran operación, contra los encartados por el “antipulpo”, entre los que estaban parientes y exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
El principal acusado de la alegada red de corrupción, según el MP, se señala al hermano del exmandatario Alexis Medina, a quien le atribuye dirigir un entramado societario que se benefició con pagos de miles de millones de pesos durante ocho años.
Tres meses después se produjo la segunda operación, el 21 de febrero del 2021, la Caracol, con un inusual allanamiento a la sede de la Cámara de Cuentas, como parte de las investigaciones que inició contra pasados miembros y funcionarios de ese órgano, por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones y obstrucción de la justicia.
Le siguió el caso Coral, puesto en marcha el 24 de abril, con el arresto de seis personas, la mayoría militares y policías, encabezados por el jefe de la seguridad del presidente Medina, el mayor general activo Adam Cáceres Silvestre, a quien se le impuso coerción de 18 meses de cárcel, al igual que a los demás involucrados.
El 12 de junio último, se produjo la “Operación 13”, que provocó el arresto del entonces administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, y otras nueve personas implicadas en un fraude con el premio mayor del sorteo realizado por esa institución el primero de mayo del presente año, que dejó pérdidas por RD$150 millones a las bancas de apuestas.
La última es, hasta ahora, la Operación Medusa, cuyas acciones iniciaron el 29 de junio con la detención de varias personas, incluyendo al ex procurador Jean Alain Rodríguez, los que son acusados de integrar un entramado fraudulento que alegadamente estafó al Estado dominicano por más de RD$6,000 millones, a través del plan de humanización del sistema penitenciario.
