Parece mentira que en 2023 debamos repetir, cual mantra, el axioma sobre el cual se sustenta todo el derecho procesal penal; o que tengamos que recordar a personajes del siglo XVIII para invocar que la libertad es el estado natural del ser humano y que el Estado, en tanto constructo social que tiene como fin proteger el ejercicio de todos los derechos, está obligado a garantizar la libertad de sus ciudadanos, sin desmedro del ejercicio de su potestad sancionadora. Lamentablemente los hechos demuestran la irrelevancia de lo anteriormente citado.
Siendo simplista, generalizando y sin estadísticas desagregadas -públicas y disponibles-, podríamos afirmar que, en la práctica, en materia penal los procesos comienzan con la prisión preventiva del imputado, sin importar que esta sea la última medida de coerción que establece el Art. 226 del Código Procesal Penal Dominicano (CPCD) y que el fin de esta, lejos de ser un anticipo de la pena, es evitar que el imputado pueda distraerse del proceso y garantizar su derecho a la defensa.
Nada más lejos de la realidad, pues para alimentar a ese dios del populismo penal que devora inocencias y conciencias, el Ministerio Público y los jueces se auto perciben como sacerdotes de su culto y recogen -cual ofrenda- las exigencias y aplausos de una ciudadanía que, hastiada de décadas de impunidad, se encuentra ávida de justicia; de tal suerte que se ha construido la percepción ciudadana de que el juez que imponga otra medida de coerción es cómplice del estado de corrupción e impunidad en que vivimos y, por tanto, al imponerse ese pensamiento de grupo, estos dispensan la prisión preventiva sin ponderar siquiera los razonamientos más obvios.
Si a ese marco de pensamiento dominante sumamos que los esfuerzos del Estado para cambiar de paradigma de cárcel/castigo (viejo modelo) a centro/oportunidad (nuevo modelo) no han sido priorizados, por lo que coexisten dos modelos en condiciones de hacinamiento y superpoblación, anulando de raíz las posibilidades de reinserción social exitosa que deben tener los privados de libertad.
De la forma en que ha sido festinada, la prisión preventiva es una lacra penal y miles de seres humanos viven el infierno en la tierra, con sus procesos empantanados, pagando por acusaciones que ni siquiera han sido probadas, ni mucho menos juzgadas.
Bien ha hecho el Listín Diario al asumir de manera responsable y firme la defensa de tantos inocentes y exponer una cruda realidad que debería avergonzarnos, y que hay que enfrentar. Todos debemos sumarnos a este reclamo ciudadano, pues aún reconociendo que la impunidad ha erosionado los cimientos de nuestra sociedad, no podemos olvidar que todo nuestro Estado Social Democrático de Derecho se basa en la libertad, estado natural del ser humano.
