En los últimos años la sociedad dominicana observa con preocupación y temor el resurgimiento de las pandillas en las principales ciudades de nuestro país, debido a la secuela de asaltos y muertes, muchas veces provocados por disputas territoriales entre grupos de pandilleros por el control territorial del microtráfico de estupefacientes, fenómeno que sin lugar a duda se erige en una nueva amenaza para la seguridad ciudadana, tal como actualmente sucede en otras sociedades del mundo.
Estas organizaciones criminales pueden causar grandes problemas a la seguridad de los ciudadanos y las comunidades, por lo que describiremos a continuación algunos de los principales desafíos a la seguridad pública:
1.- Violencia: frecuentemente las pandillas utilizan la violencia como medio para infligir temor con el objeto de controlar territorios y obtener recursos de toda índole. Entre los tipos de violencia podemos enumerar robos, secuestros, asesinatos y cobros extorsivos. Debido a esto, la simple presencia de las pandillas en una comunidad puede provocar que sus residentes se sientan inseguros y temerosos de salir a las calles y realizar sus actividades cotidianas.
2.- Delitos contra la propiedad: las acciones de las pandillas en los barrios, al estar involucradas en todo tipo de robos y vandalismo hacen que se incremente el índice de criminalidad en los barrios, y por vía de consecuencia, logra reducir la calidad de vida de sus habitantes.
3.- Microtráfico de drogas: la mayoría de las pandillas están involucradas en el microtráfico de drogas, lo que, a su vez, impacta negativamente en la salud y el bienestar de los habitantes de la comunidad, pues el consumo de estupefacientes produce adicción, delitos múltiples, corrupción, muertes por violencia y sobredosis. Aquí debo resaltar que, desde la óptica de mi experiencia profesional como policía, fue un gran error del gobierno la “eliminación” de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), pues dejó a los barrios desamparados ante el incremento de los puntos de drogas en todo el territorio nacional, en razón a que la DNCD no posee presencia para cubrir los barrios en todo el país, ni tampoco es prioridad la persecución del tráfico menor de drogas, ya que su principal misión está focalizada en el narcotráfico.
4.- Amenazas a la seguridad pública: las pandillas pueden amenazar la seguridad pública cuando sus operaciones delictivas evitan el acceso de los servicios de emergencia, como la policía, autoridades del Estado, bomberos, etc. Todo esto puede poner en peligro a los ciudadanos, pues dilatan los tiempos de respuesta efectiva de los servicios públicos de emergencia.
5.- Presión social: las pandillas pueden ejercer una presión a los jóvenes residentes en los sectores donde operan con la finalidad de que se unan a sus redes delictivas. Esta presión se puede ejercer mediante amenazas de violencia, suministro de drogas gratuitas, promesas de protección, respeto y sentido de pertenencia a un grupo fuerte.
6.- Problemas de salud mental: los integrantes de las pandillas pueden también experimentar problemas de salud mental causados por la misma presión social que ejercen en la comunidad y los efectos de la violencia en que viven; pues la exposición constante a estos ambientes violentos puede generar trastornos de estrés postraumático, ansiedad y depresión, que al final pudieran hacerles sentir atrapados en ese círculo vicioso de violencia y delincuencia, encontrando difícil escapar de ella.
7.- Daño económico: otro de los efectos de las pandillas es que puede impactar negativamente en la economía de la comunidad debido a que sus acciones criminales producen inseguridad ciudadana, temor en la sociedad y, por ende, reducen las inversiones y los precios de las propiedades. Esto induce al cierre de empresas, limitando las oportunidades de empleo y disminución de la calidad de vida de los residentes. En este contexto, es importante destacar que el Estado, en su rol esencial de prevención y control de la violencia y criminalidad vinculadas a las pandillas, debe de estar consciente de que la solución a esta problemática constituye un desafío complejo y requiere de un enfoque integral con la colaboración de múltiples sectores de la sociedad, por lo que me permito hacer las siguientes sugerencias:
1.- Inversión en programas de prevención: El Estado debe invertir en programas de prevención de pandillas, tal como se hacía en el pasado, abordando las causas subyacentes de la violencia y la delincuencia, tales como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades. Estos programas deben incluir charlas preventivas en liceos y escuelas, capacitación laboral, educación, deportes y actividades recreativas.
2.- Fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal: invirtiendo en la capacitación, tecnificación y equipamiento de policías y fiscales, para la persecución, investigación y procesamiento eficaz de los delitos relacionados con las pandillas, garantizando a su vez, los derechos humanos y la protección de víctimas y testigos.
3.- Políticas públicas integrales: El Estado debe adoptar políticas públicas integrales que aborden la problemática de las pandillas de manera global, tal como se hacía con el Plan de Seguridad Democrática, involucrando todas las instituciones del Estado, con los múltiples sectores de la sociedad, estableciendo objetivos claros, sustentables y medibles.
4.- Cooperación Internacional: Esta puede ser un factor determinante para abordar la problemática de las pandillas, ya que estas operan en varios países del mundo. Por lo que la cooperación debe incluir intercambio de información, capacitación y desarrollo de iniciativas conjuntas.
5.- Restablecimiento de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN): Con la vigilancia constante de la Dirección Central de Asuntos Internos, como control de posibles actos de corrupción, a fin de ser castigados ejemplarmente, como debió haber ocurrido. Además, exigir la rendición de cuentas a ese organismo.
Reconocemos que, ante la propagación de este flagelo, que al parecer se expande frente a la cara de nuestras autoridades, no quedará más alternativa que enfrentarlas con dureza y determinación, como algunos gobiernos centroamericanos que han declarado el “estado de emergencia” para contener la criminalidad.
En tal sentido, para no llegar a esos extremos, el Estado debe de estar consciente que las pandillas son síntomas de problemas subyacentes en la sociedad, como la pobreza, la discriminación y la falta de oportunidades, entiendo que es fundamental el desarrollo de programas y estrategias que aborden estas causas para prevenirlas, promoviendo alternativas positivas a la juventud, como la educación, el empleo y la participación en actividades comunitarias, debiendo trabajar, conjuntamente, las autoridades locales y juntas vecinales, para identificar y afrontar la problemática de seguridad ciudadana relacionada con las pandillas. De esta manera integral, el Estado devolverá el clima de paz y seguridad, para que puedan reconstruir la red social para la convivencia pacífica de los ciudadanos.
(Publicado en Listín Diario, 07 de junio de 2023)
