La deuda pública se justifica, es pagable y es sostenible si se utiliza para fondear activos duraderos y que produzcan ingresos en el futuro, no si la deuda se usa para pagar gastos de consumo que muchas veces se desperdician (Salsman, 2020).
En las últimas décadas es cada vez mayor el número de países que operan bajo algún tipo de regla explícita en el manejo de las finanzas públicas. De acuerdo con un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional, unos 105 países han adoptado algún tipo de regla fiscal.
Hay muchos tipos de reglas. Por ejemplo, aquellas que ponen un límite explícito a la deuda pública, o que el gasto público no pueda crecer más allá de un porcentaje. También aquellas que exigen que el presupuesto del gobierno esté balanceado (o sea, que no haya déficit fiscal). Algunos países poseen reglas sobre los ingresos fiscales, aunque estas son más escasas.
En resumen, hay reglas para todos los gustos: las que van de las más sencillas (que son fáciles de comunicar a la población), hasta las más sofisticadas. El actual Gobierno ha dicho que trabaja con el Fondo Monetario Internacional en el diseño de algún tipo de regla fiscal que sea adecuada a nuestra realidad y que ayude a dar confianza al manejo de las finanzas públicas.
Pero lo que mucha gente no sabe es que de manera implícita las finanzas públicas del país se manejaron hasta el 2019 bajo una de las reglas fiscales más conocidas tanto a nivel académico como en la práctica: La Regla de Oro de la Política Fiscal.
En términos sencillos la Regla de Oro dice que, si el Gobierno se endeuda, debe hacerlo para gasto productivo; es decir, para inversión en infraestructura y no para gasto corriente (salarios, por ejemplo). Esto tiene varios argumentos:
-La inversión en infraestructura contribuye con el crecimiento económico y, por tanto, ayuda a generar ingresos en el futuro que permiten el repago de la deuda.
-No es justo que una gran obra de infraestructura se pague completa con los recursos actuales si la misma va a beneficiar a varias generaciones. Es decir, lo más equitativo es que grandes obras de infraestructura, cuya vida útil es de decenas de años, se realice con deuda pública para que el costo sea compartido entre distintas generaciones.
«Es decir, la deuda pública se justifica, es pagable y es sostenible si se utiliza para fondear activos duraderos y que produzcan ingresos en el futuro, no si la deuda se usa para pagar gastos de consumo que muchas veces se desperdician.» (Salsman, 2020).
Esta regla no está exenta de críticas. Por ejemplo, una parte del gasto corriente se destina a educación y, por tanto, es inversión en capital humano que va a aumentar la productividad de la economía y ayudará a repagar la deuda en el futuro.
En la práctica, la forma más estricta de la Regla de Oro es aquella que exige que se cumpla anualmente. Es decir que cada año el endeudamiento neto del Gobierno se utilice para gasto de inversión. Otras versiones más flexibles, como la aplicada en Inglaterra en los años 90s, es que el cumplimiento de la Regla de Oro no tenga que ser anual, sino a lo largo del ciclo económico. Digamos que se cumpla, pero a lo largo de un promedio de años para que los gobiernos tengan holgura en periodos de recesión económica.
Muchos se sorprenderán, pero la realidad es que hasta el año 2019 se cumplió la versión más estricta de la Regla de Oro: todos los años, los ingresos totales cubrían los gastos corrientes completamente; o, dicho de otra forma, el Gobierno se endeudaba solo para cubrir los gastos en inversión pública.
Pero en 2020 llegó el COVID y todo se fue a pique. A partir de ese año, los ingresos que recauda el Gobierno no dan ni para cubrir el gasto corriente. Obviamente durante el COVID y todas las crisis que le han sucedido muchas cosas se justifican. Pero más allá de que no se cumpla durante un par de años esta relación, lo que sí es preocupante es que ya parece que esto es una tendencia.
En este cuatrienio se han hecho esfuerzos para mejorar las recaudaciones y el manejo del gasto, pero en ningún año los ingresos totales van a cubrir los gastos corrientes. Es decir, nos estamos endeudando, al menos en parte, para pagar salarios.
A pesar de las buenas intenciones del Gobierno, el problema de las finanzas públicas es claramente estructural y por tanto requiere medidas estructurales, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Ahí están los datos…para el que quiera ver.
