El Banco Mundial ha aprobado un nuevo proyecto para asistir a la República Dominicana en sus esfuerzos por promover reformas institucionales clave para la resiliencia climática, la reducción de la contaminación del agua, suelo y aire, así como la mejora de la protección de los recursos naturales.
El proyecto de 400 millones de dólares apoyará los esfuerzos del gobierno para fortalecer la capacidad institucional y financiera para la protección ambiental, con efectos positivos importantes en la salud pública y los medios de vida de las comunidades involucradas en actividades turísticas y pesqueras.
“La República Dominicana, debido a los riesgos naturales extremos asociados al cambio climático, pierde anualmente el equivalente al 0.4% de su Producto Interno Bruto.
El apoyo del Banco Mundial ha sido y sigue siendo crucial para lograr nuestros objetivos de construir resiliencia climática en la agricultura, garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la gestión del paisaje y los recursos naturales, y abordar los desafíos planteados por el sargazo”, afirmó Pavel Isa Contreras, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.
La República Dominicana enfrenta desafíos significativos relacionados con la pérdida y degradación de los recursos naturales, causados por eventos climáticos extremos, cambios en los ciclos del agua y contaminación ambiental.
Estos desafíos impactan los principales motores del crecimiento económico y el empleo: turismo, pesca y agricultura. Si no aborda estos problemas, el país podría perder hasta un 16 por ciento del Producto Interno Bruto que espera ganar para 2050, según el último Informe de Clima y Desarrollo del País del Grupo Banco Mundial para la República Dominicana.
El proyecto de Préstamo para Políticas de Desarrollo Sostenible tiene como objetivo mejorar la capacidad institucional y financiera del gobierno para la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la mitigación.
También apoyará la conservación marina, reducirá la contaminación del aire y marina, y fortalecerá la protección de ríos y cuerpos de agua. Además, el proyecto ayudará a regular la gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos y abordará desafíos ambientales como la eliminación gradual de hidrofluorocarbonos, reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, ayudará a abordar el problema del sargazo y establecerá el marco regulatorio para la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles.
