Redacción HoraxHora
El Senado de la República creó una comisión especial encargada de estudiar las propuestas de modificación al Código Penal presentadas por el senador independiente de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, en el marco de las reformas a la legislación penal cuya entrada en vigencia está prevista para agosto de este año.
La comisión está integrada por los senadores Santiago José Zorrilla, Pedro Manuel Catrain Bonilla, Omar Fernández, Rafael Barón Duluc, Aracelis Villanueva, Franklin Martín Romero, Félix Bautista Rosario, Ramón Rogelio Genao, Lía Díaz, Cristóbal Venerado Antonio Castillo, entre otros legisladores, además del propio proponente.
La iniciativa sometida por Taveras Guzmán busca fortalecer las garantías constitucionales de la libertad de expresión y de prensa, así como adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, con el objetivo de proteger a los medios de comunicación de sanciones consideradas desproporcionadas.
El legislador explicó que la propuesta procura reforzar el Estado de derecho y garantizar una protección más equilibrada de los derechos fundamentales, evitando que disposiciones penales ambiguas limiten el ejercicio legítimo de la opinión, la crítica y la información.
En cuanto al artículo 208, relativo a la difamación, se plantea que solo sea sancionable la imputación pública de hechos falsos que afecten el honor o la reputación de una persona, eliminando las penas de prisión y sustituyéndolas por multas económicas y reparación civil.
Respecto al artículo 209, la denominada difamación extorsiva pasaría a ser considerada una modalidad agravada, con sanciones reducidas frente a la legislación actual, especialmente cuando se utilice para obtener beneficios indebidos o coaccionar a una persona.
Asimismo, la reforma del artículo 210 sobre injuria eliminaría las penas de prisión, manteniendo únicamente multas y reparación civil, bajo el argumento de proteger la libertad de opinión y crítica.
La propuesta también modifica el artículo 212, estableciendo que ninguna infracción contra el honor o la vida privada podrá derivar en el cierre o suspensión de medios de comunicación, ni en la incautación de equipos, al considerar que estas medidas afectan la libertad de prensa.
Finalmente, se plantea la derogación del artículo 310, que sanciona el ultraje a funcionario público, al entender que otorga una protección privilegiada incompatible con el principio de igualdad ante la ley.
Las modificaciones buscan modernizar el ordenamiento jurídico dominicano y alinearlo con la Constitución y estándares internacionales de derechos fundamentales, fortaleciendo el equilibrio entre el derecho al honor, la libertad de expresión y la democracia.
