La experiencia de 56 años ininterrumpidos de ejercicio del periodismo, me han reforzado la recia coraza para no ceder un ápice, y defender con fiereza cuando se trata de ejercer el derecho a informar, investigar, publicar los hechos que se consideren veraces, correctos, objetivos y de interés para la colectividad.
La República Dominicana, desde el inicio del proceso democrático que vivimos de manera continua desde 1966, se ha desarrollado bajo un estado de libre ejercicio de la prensa.
Aunque se han registrado episodios, roces, choques, duras discrepancias entre periodistas y medios con estamentos del poder, se reconoce que no ha habido una política de Estado, como tal, contra la libertad de prensa y expresión pública.
Se han producido presiones -políticas y/o económicas- contra determinados periodistas y medios, en momentos coyunturales y generalmente por motus propio de algún funcionario del Estado, una práctica que ha alentado la autocensura, ejercidas unas veces por temor a represión directa, otras relacionadas con estabilidad económica de los afectados.
En este contexto, creo correcto el ejercicio de informar, criticar, demandar explicaciones a las autoridades judiciales que ha hecho el veterano periodista Julio Martínez Pozo. Reconozco, asimismo, el valor de las explicaciones de la Procuraduría General sobre los conceptos emitidos inicialmente en su comunicado, que contenía claras amenazas, tipificadas y proscritas como censura previa, en el artículo 49 de la Constitución de la República.
Sirva, entonces, este incidente, este desagradable choque de posiciones para reforzar, nueva vez, que el ejercicio de libertad de prensa y expresión será siempre defendido, con garras y dientes, por una sociedad que cree y confía en el respeto a los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución.
