La mayoría de los gobiernos dedica esfuerzos concretos a anular a los periodistas incómodos
La democracia es el mejor sistema posible, pero en su «bondad» está su debilidad. No termina de defenderse a sí misma de los que la corrompen. El ejemplo obvio son estos días venezolanos: el dictador que llega al poder vía las urnas y se mantiene en él también cuando las urnas no dicen lo que quiere oír.
Callar la prensa crítica es uno de los mandamientos del autócrata. Reporteros Sin Fronteras reporta 550 periodistas presos en todo el mundo en 2024; solamente en México asesinaron a siete según la UNESCO. Es el tercer país del mundo con más periodistas muertos.
Damos por descontada la libertad de prensa cuando vivimos en democracia; en República Dominicana detectamos las amenazas muy pronto. (Otra cosa es cómo las combatimos.)
La mayoría de los gobiernos dedica esfuerzos concretos a anular a los periodistas incómodos: los tiranos eligen la vía expedita, otros restringen su capacidad de influencia jugando con las leyes.
En España, el gobierno de Pedro Sánchez prepara una ley para callar al ciudadano y desanimar a la prensa: su proyecto limita el derecho ciudadano a la acusación popular (¡que ya defendían los romanos!) y se propone conseguir que las informaciones de prensa no puedan servir de base para abrir un proceso penal.
Por ejemplo, un trabajo periodístico que revele un caso de corrupción no será atendible para una acción penal impulsada por los ciudadanos.
Y para poner el lazo al regalo… si entrase en vigor, esta ley se aplicaría a los casos en curso. Eso de la no retroactividad no le cuadra.
Las asociaciones de jueces, incluidas las afines a la izquierda, se ha echado las manos a la cabeza porque es obvio el interés personal de Sánchez en este engendro legislativo. Matar al mensajero siempre es una tentación.
(Tomado de Diario Libre
